Plataforma de Defensa del Patrimonio navarro Nafarroako Ondarearen Defentsarako plataforma
http://www.diariodenoticias.com/ediciones/2007/10/26/vecinos/sakanaleitza/d26sak41.1046873.php
ALSASUA. El Pleno del consistorio alsasuarra acordó ayer su adhesión a la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. Su principal objetivo es la unidad de los ayuntamientos para que hagan presión ante diversas instancias como Gobierno de Navarra, Parlamento y Tribunales si fuese necesario; en la reclamación de su titularidad sobre aquellos bienes de uso religioso como iglesias, ermitas o cementerios que la Iglesia a través de una certificación del diocesano puede inscribir en el Registro de la Propiedad en base a una prerrogativa de Ley Hipotecaria de 1946 todavía en vigor, según explicó el alcalde, Unai Hualde.
Frente a este privilegio, el manifiesto de la Plataforma apela a la obligación de los ayuntamientos de velar por la conservación, defensa, recuperación y mejora de los bienes de su patrimonio. Para ello, propone iniciar un movimiento común que comenzaría con una asamblea el próximo 15 de diciembre en la que se elegirán los representantes de una comisión que gestionará el tema ante las diferentes instancias.
ERMITA DE SAN JUAN Este acuerdo tiene especial relevancia por el estado en que se encuentra la ermita de San Juan, cuyo tejado está desplomado desde el 24 de junio del pasado año. En este sentido, Hualde recordó que el Ayuntamiento intentó en su día inscribir esta ermita y también la de Erkuden pero en el registro se consideró insuficiente la documentación presentada; un inventario de bienes del año 1990 y catastro. Al respecto, observó que «la Iglesia ha podido hacer uso de esta ley en el caso de San Juan porque por parte del Arzobispado se ha dicho que tenían documentación que acreditaba su titularidad y estaban dispuestos a cederla siempre que ellos fuesen quien tuviesen la última palabra sobre los usos complementarios al religioso que en ellas pudieran darse, en definitiva, una especie de usufructo» señaló. También indicó que de ser así, existe un plazo de dos años para demostrar la titularidad por parte del Ayuntamiento.
La adhesión contó con los votos de todos los grupos excepto UPN. La regionalista Antonia Román se preguntó sobre «cuanto tiempo iba respetar el Ayuntamiento el uso tradicional de estas ermitas».