Comunicado de la Coordinadora Recuperando

Ante el principio de acuerdo entre el Gobierno y el Vaticano de crear una
comisión conjunta con la Iglesia católica para revisar el listado de bienes
inmatriculados e identificar cuáles pueden pertenecer a la institución eclesiástica,
la coordinadora Recuperando, que agrupa a una veintena de colectivos
ciudadanos, quiere hacer público el siguiente comunicado:

1. El hecho de que la polémica de las inmatriculaciones de la Iglesia católica
forme parte relevante de la agenda del Consejo de Ministras y haya figurado en
lugar preferente de las cuestiones tratadas en la Santa Sede constituye un éxito sin
precedentes del movimiento ciudadano y demuestra que las reclamaciones frente
a las inscripciones inconstitucionales de miles de bienes tienen una sólida base
argumental.

2. Todas las inmatriculaciones son nulas de pleno derecho por
inconstitucionalidad sobrevenida y por contravenir la Carta Europea de los
Derechos Humanos, al haber sido practicadas al amparo del extinto artículo 206 de
la Ley Hipotecaria, que otorgaba a los diocesanos privilegios predemocráticos que
equiparan a la Iglesia con la administración pública y vulneran, por tanto, los
principios constitucionales de igualdad ante la ley y aconfesionalidad del Estado.

3. En virtud de ese subterfugio jurídico, la Iglesia católica ha inscrito a su nombre,
sin título alguno de propiedad y de forma arbitraria, miles de bienes inmuebles,
entre ellos plazas públicas, cementerios, frontones, fincas, ermitas municipales,
locales comerciales y monumentos histórico-artísticos pertenecientes al legado
inmemorial de todas y todos.

4. Es por ello que la coordinadora Recuperando reclama que el Gobierno active
las medidas pertinentes para cancelar las inmatriculaciones, como podría ser dictar
una orden ministerial cursada a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para que procedan a la revocación por nulidad de todos los asientos
registrales efectuados por la Iglesia católica, sin acreditación alguna de dominio y
al amparo de una ley afecta de inconstitucionalidad sobrevenida tal como estipula
la cláusula derogatoria de la Carta Magna que declara fuera del ordenamiento
jurídico todas aquellas disposiciones que choquen contra la Constitución, y en
ejecución de lo ordenado al Estado por las sentencias del TEDH de 2014 y 2016.

5. La coordinadora Recuperando solicita al Gobierno que incluya en el
ordenamiento jurídico la categoría de “patrimonio cultural de dominio público de
naturaleza religiosa” para aquellos edificios de incalculable valor histórico y
artístico que, independientemente de su posible uso religioso, hayan sido
construidos, conservados y mantenidos a lo largo de los siglos con fondos públicos
y de los que hasta la reforma del presidente Aznar de 1998 nadie cuestionó su
naturaleza imprescriptible, inalienable e inembargable. Todo ello sin menoscabo de
los legítimos derechos de la institución eclesiástica al uso histórico de los citados
bienes y a la propiedad de aquellos cuya titularidad pueda acreditar
fehacientemente.

6. Recuperando reclama al Gobierno que haga público el listado detallado de
bienes inmatriculados por la Iglesia, en aras de la transparencia y el derecho que
asiste a la ciudadanía a saber qué inmuebles han sido inscritos irregularmente, y
pide que se abstenga de negociar acuerdos opacos con los obispos que propicien
una salida en falso del escándalo y frustren las justas expectativas de pueblos,
ayuntamientos y ciudadanos.

La coordinadora Recuperando está formada por una veintena de colectivos
ciudadanos, entre ellos MHUEL, la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro,
la Plataforma Mezquita Catedral, Europa Laica, Redes Cristianas, la Plataforma en
Defensa del Patrimonio de Sevilla o el Grupo de Inmatriculaciones de Asturias.

Contacto:
Antonio Manuel Rodríguez Ramos: 696 74 44 39
Jorge García: 629 46 94 37


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