Canje de notas entré Bolaños y el Nuncio Efe

El Gobierno elimina dos privilegios fiscales de la Iglesia

El Ejecutivo espera poder recaudar 16 millones de euros como mínimo por el pago de los gravámenes de construcciones, instalaciones y obras y de contribuciones especiales

Desde Europa Laica consideran que el acuerdo es «una cortina de humo totalmente insuficiente que no entra en el fondo del problema»

Reproducimos al final del contenido la Nota Conjunta del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y la Conferencia Episcopal Española

Fuente: El País, La Marea, Página Ministerio

Hasta ahora, la Iglesia estaba exenta de pagar las Contribuciones Especiales y el Impuesto sobre Consutrcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Tras un acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE), la institución religiosa perderá estos privilegios fiscales, según ha anunciado el Minsiterio de Presidencia a través de un comunicado conjunto con la CEE.

El objetivo, explican desde el Gobierno, es «equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación». De esta manera, el Ejecutivo derogará la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda, donde se regula la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICO) en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos.

Según Presidencia, el acuerdo ha sido posible gracias a la «voluntad compartida» de la Administración central y la Conferencia Episcopal. Hoy mismo se hará efectivo dicho pacto «mediante el correspondiente canje de notas entre el Gobierno y la Nunciatura Apostólica».

Una «cortina de humo» para Europa Laica

La Iglesia seguirá manteniendo exenciones fiscales en el pago, entre otros, del Impuesto de Bienes Inmubles (IBI). Ante esto, desde Europa Laica consideran que el anuncio es una «cortina de humo totalmente insuficiente que no entra en el fondo del problema». Juanjo Picó, representante de la organización, denuncia que se trata de «una contraprestación pobre si se compara con todos los privilegios fiscales que tiene la Iglesia».

Para Picó, «el meollo» son los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, entre los que se incluyen la asignación tributaria a través de la casilla en la declaración de la renta o la exención en impuestos de calado como es el IBI, incluso en el caso de los edificios con rendimiento mercantil: «También habría que hablar de las inmatriculaciones de la Iglesia», explica.

De acuerdo con los datos de Europa Laica, estos diferentes acuerdos permiten a la Iglesia católica en España ahorrar unos 2.000 millones de euros al año. Ante esto, aseguran que el acuerdo supondrá un desembolso mínimo para la institución religiosa y piden al Gobierno que dé los datos exactos. En una entrevista en la Cadena Ser, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que la eliminación de ambas exenciones supondrá más de 16 millones de euros para los ayuntamientos cada año

Nota Conjunta del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y la Conferencia Episcopal Española:

Fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y la Iglesia católica en materia de fiscalidad, el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española, con el asenso de la Santa Sede, han alcanzado un acuerdo por el cual se tramita ante la Santa Sede la renuncia a las exenciones, derivadas de los Acuerdos, que afectan a las Contribuciones Especiales y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Con este fin, el Gobierno procederá a la derogación de la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda donde se regula la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICO) en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos.

El acuerdo se desarrolla en la voluntad compartida entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación.

Hoy se hace efectivo dicho acuerdo mediante el correspondiente canje de notas entre el Gobierno y la Nunciatura Apostólica.

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