El Gobierno tapona los intentos del Congreso de quitarle privilegios a la Iglesia

El Congreso empuja, pero sin fuerza. Y el Gobierno no cede. Los privilegios económicos de la Iglesia católica han sido objeto de cuestionamiento en la presente legislatura, pero el recorrido de los intentos por limitarlos es escaso. Está por ver el alcance de la anunciada fiscalización de los recursos presupuestarios del Estado dedicados a las confesiones religiosas, que rompe con la histórica línea del Tribunal de Cuentas de quedarse al margen de las cuentas de la Iglesia. Lo que ya es posible asegurar es que las iniciativas parlamentarias para arrojar luz sobre los detalles de su particular estatus y poner coto a sus beneficios fiscales y legales se han quedado en nada, al menos de momento.

Según ha comprobado infoLibre, el Gobierno ha frenado las proposiciones aprobadas en la Cámara Baja. La coordinadora estatal Recuperando solicitó en enero del pasado año al Congreso que elaborase un listado de los bienes inscritos, invocando un fallo de la justicia europea a favor de una empresa ganadera en el caso de la inmatriculación de una Iglesia en Palencia. Dicha sentencia, según Recuperando, abre la vía a la posible nulidad de miles de inmatriculaciones. En la estela de esta petición, el Congreso aprobó en abril de 2017, con los votos en contra del PP y Ciudadanos, una proposición no de ley (PNL) impulsada por el PSOE que exigía al Gobierno elaborar en un plazo de seis meses un estudio con los bienes inmatriculados desde 1998 y “reclamar la titularidad” si la inscripción se hizo “sin título material”. Hace casi un año de eso. El plazo está más que vencido.

El Ministerio de Justicia asegura que aún está esperando un informe del Colegio de Registradores. En cualquier caso, Justicia no cree que las inmatriculaciones merezcan el menor reproche. Ni muestra la menor intención de hacer reclamaciones de titularidad. La cuestión en disputa es compleja. Las inmatriculaciones se fundamentan originalmente en la ley hipotecaria franquista de 1946 y en su desarrollo reglamentario, que introducen la potestad de la Iglesia para inscribir por primera vez un bien en el registro de la propiedad. Es decir, la Iglesia pasaba a ser una especie de funcionario, parte consustancial del Estado nacionalcatólico. La Iglesia empezó a inmatricular, en una apropiación de bienes de unas dimensiones aún desconocidas. Inmatriculó viviendas, colegios, hospitales… Pero no templos. No pudo hasta que en 1998, con José María Aznar (PP) en la Presidencia del Gobierno, se aprobó un decreto que permitía también la inmatriculación de bienes de culto. Miles de templos fueron inmatriculados, de la Mezquita de Córdoba a la Catedral y la Giralda de Sevilla. Durante casi diez años años las inmatriculaciones se produjeron sin llamar la atención ni ocasionar la menor polvareda.

El asunto sólo dio la cara en 2007 cuando se descubrió que la Diócesis Navarra estaba inmatriculando edificios religiosos, tierras, casas, cementerios… Y todo a un ritmo vertiginoso. Sólo entre Navarra y el País Vasco –las dos comunidades donde hay listados–, la Iglesia realizó más de 1.500 inmatriculaciones posteriores a 1998, lo que hace verosímil la estimación de 20.000 para el conjunto del España que maneja la asociación Europa Laica. No sólo han sido templos o lugares de culto: también plazas, huertos, fincas y casas. Cualquier bien que no hubiera sido registrado antes. Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), cifró el total, sin precisar en qué periodo de tiempo, entre 30.000 y 40.000 en declaraciones a la cadena Ser.

La iniciativa legislativa aprobada en la Comisión de Justicia limitaba su alcance a las inmatriculaciones realizadas entre 1998 y 2015, cuando esta práctica fue prohibida aunque sin cuestionar las ya realizadas. Una especie de borrón y cuenta nueva, pero con amnistía. Ni antes ni después de la modificación legal de 1998 ha habido, según Justicia, falta de amparo legal. He aquí la versión del Ministerio: “El Gobierno intentará recabar los datos de los diferentes registros de la propiedad existentes en el territorio nacional para, una vez obtenidos y sistematizados, proceder a la utilización de los mismos garantizando siempre los derechos adquiridos de los titulares de los bienes referidos”. Justicia no sólo defiende que las inmatriculaciones han sido legales, sin distinción del momento realizado, sino que añade que la modificación legal impulsada por el Gobierno de José María Aznar, que permitía inscribir por primera vez templos religiosos y dio cobertura a la inmatriculación de la Mezquita, entre otras maravillas patrimoniales, “vino a arreglar una situación discriminatoria” pues el reglamento hipotecario de los años 40 “excluía la inscripción registral a los templos destinados al culto católico”.

Justicia recuerda que “el artículo 9.3 de la Constitución española garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. “La retroactividad”, añade el ministerio, “no sólo lesionaría los derechos adquiridos de los titulares de los bienes sino que además pondría en peligro el principio de seguridad jurídica”. Así que no queda margen para cumplir la proposición no de ley en lo que respecta a la recuperación de los bienes inmatriculados, ni siquiera sin título acreditativo alguno. En la parte en la que se muestra más abierto, la de al menos conocer las inmatriculaciones, el departamento que dirige Rafael Catalá se remite a un informe del Colegio de Registradores del que hasta la fecha no hay noticia.

Antes de que el PSOE impulsase la PNL de las inmatriculaciones, Unidos Podemos hizo lo propio con otra que iba directa al corazón de la financiación de la Iglesia. También salió aprobada, con el voto a favor del PSOE y la oposición de PP y Ciudadanos. Y también ha quedado en nada. La proposición, que salió adelante en febrero del año pasado, instaba al Gobierno a tomar las medidas necesarias para la autofinanciación de la Iglesia, a suprimir progresivamente la asignación a la institución católica vía IRPF, a revisar sus beneficios fiscales, a incrementar la transparencia en la justificación de las aportaciones públicas y denunciar los acuerdos entre el Vaticano y el Estado español, de 1976 y 1979.

Justicia se limita a señalar que la proposición no de ley fue aprobada en la Comisión de Hacienda y “comunicada posteriormente, como corresponde”, al departamento que dirige Catalá, que es el responsable de las relaciones con las confesiones religiosas. Justicia también recuerda que la iniciativa no es “vinculante”. El Ministerio de Hacienda no atendió las peticiones de información de infoLibre. La PNL es papel mojado.