Plataforma de Defensa del Patrimonio navarro Nafarroako Ondarearen Defentsarako plataforma
Ramón Alzórriz reclama en Navarra “pasar de las declaraciones a leyes de obligado cumplimiento” para recuperar los bienes inmatriculados.
El PSN-PSOE impulsa una moción para avanzar en la anulación de las leyes que permitieron a la Iglesia católica inmatricular miles de bienes que pertenecen al conjunto de la ciudadanía. El portavoz socialista, Ramón Alzórriz, afirma que las inmatriculaciones constituyen “un expolio organizado, amparado por normas claramente injustas”.
Alzórriz sostiene que la Iglesia “incumple de forma evidente mandamientos tan básicos como no robar ni codiciar los bienes ajenos” y recuerda que este proceso se produce “con premeditación, alevosía y ayuda política, aunque no divina”. En este sentido, señala que “la multinacional católica inmatricula más de 35.000 inmuebles solo después de 1998, y más de 100.000 desde la ley franquista de 1946”.
El portavoz socialista pone en valor el papel del PSOE en la visibilización de este problema y recuerda que “el secretismo y la opacidad se rompen cuando el PSOE saca a la luz este escándalo”.
En relación con Navarra, Alzórriz subraya que la Comunidad Foral es un ejemplo de avance en la defensa del patrimonio público. “Aquí se trabaja, se investiga y se recupera lo que es del pueblo”. Actualmente se conocen 1.087 bienes inmatriculados en Navarra de un listado que supera los 3.000 inmuebles.
El socialista reconoce el importante trabajo de plataformas ciudadanas y de los grupos políticos progresistas, entre ellos el PSN-PSOE, siendo “actores principales de recuperación del patrimonio para el conjunto de la sociedad navarra”. Sin embargo, advierte de que “no es suficiente con inventarios o declaraciones” y defiende que “Navarra debe ser punta de lanza y avanzar hacia leyes de nulidad”.
El PSN-PSOE también denuncia el volumen de recursos públicos que recibe la Iglesia. “Sumando exenciones fiscales, subvenciones y financiación vía IRPF, la Iglesia recibe alrededor de 11.000 millones de euros al año”, explica Alzórriz, quien detalla que “solo en conciertos educativos percibe 5.000 millones, más las cuotas de las familias, y más de 2.000 millones en conciertos sanitarios”.
El portavoz socialista sostiene que los artículos que permitieron las inmatriculaciones “son claramente inconstitucionales porque vulneran la igualdad y la libertad religiosa” y se pregunta “cómo es posible que se equiparara a la Iglesia con los registradores de la propiedad”.
“Defender lo público es defender lo que es de todos. La justicia social y moral debe prevalecer frente a una injusticia impropia de una institución que dice defender el bien común”, concluye.