Entrevista de la Plataforma con el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso

El PSOE estudiará cambiar la Ley de hipotecas para evitar un «privilegio» concedido a la Iglesia desde 1998

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el socialista Álvaro Cuesta Martínez, ha anunciado que trasladará a todos los grupos, al Ministerio de Justicia, al PSOE y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la denuncia planteada por la Plataforma en defensa del Patrimonio Navarro.

Asegura que la Iglesia Católica se inmatricula propiedades que podrían no ser suyas en base a un privilegio que le concede la Ley de Hipotecas de 1998.

Así, Cuesta (PSOE) ha reconocido que hasta ahora desconocía esta situación que califica de «disfunción» del derecho público por el que de manera «inconstitucional» la Iglesia Católica estaría manteniendo «privilegios» y, mediante el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1998, tendría naturaleza de corporación de derecho público.

Por este motivo, ha denunciado que se podría estar produciendo una «inmatriculación masiva de bienes inmuebles por parte de la Iglesia Católica, basándose en el principio de privilegio de ésta respecto a los ciudadanos y las administraciones públicas» y ha observado la posibilidad de «corregir esta disfunción».

Concretamente, la plataforma con la que se ha reunido este jueves para conocer su denuncia, asegura que un total de 1.081 propiedades podrían estar en dicha situación desde 1998, es decir, que estén inscritas en el Registro de la Propiedad.

Cuesta ha reconocido que en 1998 «este artículo pudo pasar desapercibido en la votación» de las modificaciones a la Ley Hipotecaria en el Parlamento y posteriormente ha rectificado para decir que «no culpa al Parlamento» del desconocimiento de los diputados sobre la cuestión.

La plataforma asegura que además de en Navarra, esta situación se produce en otras regiones españolas y que afecta a corporaciones municipales y también a propietarios privados.

Así, el catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Navarra, Alejandro Torres, ha asegurado que desde 1998 más de 1.000 propiedades han sido inmatriculadas en el registro de la propiedad y que el hecho de que la certificación de propiedad esté expedida por la parte interesada, en este caso el diocesano, «ha pasado desapercibido» para las administraciones y la sociedad.

«No cabe equiparar a la Iglesia como corporación de derecho público, como si fueran funcionarios públicos», ha criticado, en consonancia con una sentencia de 1993.

Por este motivo, considera que para los pequeños propietarios o pequeños ayuntamientos reclamar ante la vía contencioso-administrativa es «muy costoso» y, en sustitución de la vía jurídica caso por caso, plantea que se modifique la Ley para adoptar un derecho común a «todas las confesiones religiosas y sin dar privilegios a ninguna», algo que, en su opinión, «queda fuera de cuestiones religiosas o intereses partidistas».

«Se corre el riesgo de inmatricular bienes que sean suyos y otros no suyos», ha apostillado y ha añadido que no es un problema cuantitativo sino que con un solo caso en que se plantee la inconstitucionalidad se debe revisar el procedimiento.

Mientras, la representante de dicha plataforma y letrada Isabel Urzainqui, ha insistido en que «hay que cambiar la norma para evitar privilegios acordes al régimen franquista» que afecta, sobre todo, a pequeñas iglesias o ermitas de municipios pero también a bienes como parques, colegios, casas rectorales o pinares.

En todo caso, para el diputado socialista «todo lo que concierne a la Iglesia tiene una sofisticación normativa que a veces es difícil de entender porque a veces hay un mayor nivel de ‘inteligencia’ de la Iglesia que de los servicios jurídicos del Estado».

LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA

Cuesta ha defendido varias veces que el Gobierno impulse una nueva Ley de Libertad Religiosa y, en este contexto, este jueves ha reiterado su apuesta por esta ley que de «por superados, 33 años después», los Acuerdos con la Santa Sede y con el resto de confesiones religiosas, «pero sobre todo la Santa Sede».

Asimismo, a pesar de que la Constitución dice que España es un Estado aconfesional, a su juicio, España es un estado «laico» y ha expresado que se pretende «ampliar su laicidad» con una ley y con la creación de un Observatorio de la Laicidad que se ocupe de la objeción de conciencia.

Sin embargo, ha asegurado que esta intención se mantiene en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pero que se ha encontrado con que «no hay un consenso» y que «no hay condiciones suficientes» y ha admitido que «en esta legislatura será muy difícil». A pesar de esto, ha subrayado que el debate «está en el Gobierno».

nuevatribuna.es 21/07/2011.

Solicitan al Congreso que impida a la Iglesia registrar inmuebles que no posee

La Plataforma en defensa del Patrimonio Navarro ha pedido la ayuda del Congreso de los Diputados para que promueva una reforma legal que impida a la Iglesia hacerse con más inmuebles no registrdos, ya que desde 1998 se ha apropiado de 1.087 bienes en esa comunidad mediante la inmatriculación.

MADRID. El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, el socialista Álvaro Cuesta, ha recibido a miembros de la plataforma y se ha comprometido a trasladar a los grupos y al Gobierno este asunto que, según ha confesado, le «asusta», y que no solo estará pasando en Navarra sino también en otros puntos de España.

Cuesta ve posible una modificación legal a incluir en la ley de presupestos de 2012 -porque no hay tiempo para una específica antes de que acabe la legislatura-, para cambiar el reglamento hipotecario, que desde 1998 otorga a la Iglesia la misma potestad que al Estado, las provincias, los municipios o las instituciones de derecho público para hacer suyas propiedades no registradas.

Según los datos de la plataforma, son 1.087 inmuebles en 117 pueblos navarros los que la Iglesia ha hecho suyos, y en muchos casos se trata de fincas o edificios que no son de culto, como casas, parques, jardines, frontones o campos de cultivo.

En muchos de esos pueblos, según ha explicado la representante de la plataforma Isabel Urzainqui, los vecinos del pueblo se han encontrado con que no podían seguir haciendo uso de estos inmuebles dedicados en muchos casos a servicios para la comunidad, porque la Iglesia se lo impedía al haberlos registrado a su nombre.

«No es una cuestión de dinero sino de estricta legalidad», ha asegurado Ángel Rodríguez, el otro miembro de la plataforma que se ha reunido con Cuesta, y quien espera que la reforma impida nuevas apropiaciones, aunque también impugnarán algunos de los registros ya hechos.

Álvaro Cuesta ha señalado que este reglamento que da a la Iglesia la misma potestad que al Estado o a los municipios en materia de registro choca «a priori» con el artículo 16 de la Constitución, el relativo a libertad religiosa.

Al respecto, Cuesta incluso ha señalado que el Gobierno tiene la voluntad de impulsar una ley que regule la libertad de conciencia y la libertad religiosa, pero no la ha llevado a la Cámara al no haber actualmente el consenso necesario para tramitar una norma de este tipo.

En cualquier caso ha señalado que transmitirá a los grupos este asunto para tratar de buscar una solución que impida a la Iglesia seguir apropiándose de más bienes, en su buena parte de uso público, y que lo puede hacer desde que así lo aprobara, ha subrayado, «el Gobierno que había en 1998», en alusión al Ejecutivo del PP.

Diario de Noticias, 21/07/2011.

La abortada ley de libertad religiosa corregía el privilegio de inmatricular

La ley de libertad religiosa que preparaba el Gobierno quedó aparcada el año pasado, pero en un borrador de aquella normativa se trataba de corregir el privilegio que le concede a la Iglesia la Ley Hipotecaria y su reglamento, en virtud de los cuales el clero puede actuar como un funcionario y poner a su nombre un edificio que nunca antes había tenido propietario, lo que se llama inmatricular.

El portavoz de la comisión de Justicia en el Congreso, el socialista Álvaro Cuesta, lo aseguró ayer y lamentó que aquella ley no saliera. «No había consenso», justificó. Cuesta recibió ayer a dos juristas, miembros de la Plataforma por la Defensa del Patrimonio Navarro, que tratan de impedir las inmatriculaciones masivas de la Iglesia. Coincidió con ellos. El diputado se comprometió a trasladar el problema al Ministerio de Justicia, a su grupo parlamentario y al resto de los grupos políticos. Cree que la única posibilidad para derogar los polémicos artículos sería una modificación legal al aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Pero nada garantiza que habrá apoyos suficientes para eso, ni que las elecciones no se adelanten a los presupuestos. Se ignora cuántas inmatriculaciones ha efectuado la Iglesia en toda España: «Sería ilustrativo» saberlo, admitió Cuesta, y se comprometió a trasladarlo a Justicia, aunque ya adelantó posibles «problemas de gestión».

Isabel Urzainqui y Alejandro Torres, los representantes de la plataforma, recordaron ayer que esto es una cuestión «completamente apolítica. Son solo las reglas de juego. Esta ley es inconstitucional y el Parlamento debe ser coherente y modificarla».

El Pais, 22/07/2011