Un centenar de personas se concentraron el martes 22 de junio ante el Palacio episcopal para exigir la reversión de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica. En la veintena de movilizaciones celebradas a lo largo y ancho del estado fueron miles las personas que respondieron a la convocatoria de Recuperando.
Miles de personas han secundado los llamamientos de las organizaciones que se agrupan en la coordinadora Recuperado. En casi una veintena de ciudades se han expresado las protestas por los incumplimientos del gobierno. Tanto los programas electorales de PSOE y de Unidas Podemos, cómo el programa del gobierno de coalición y muy especialmente las palabras de Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia del gobierno explicitaron el compromiso de adoptar las medidas legislativas necesarias para revertir las inmatriculaciones.
Si los gobernantes no son capaces de mantener su palabra, las organizaciones ciudadanas seguiremos luchando hasta conseguirlo.
Nota de la convocatoria:
La publicación del listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015 ha sido un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas, que llevan denunciando desde hace casi 15 años la privatización masiva de fincas e inmuebles por parte de la Iglesia católica en virtud de un privilegio franquista.
No obstante, esa publicación es también importante porque pone de manifiesto sus límites:
- Nada se dice de las inmatriculaciones realizadas entre 1946, fecha de modificación de la Ley Hipotecaria, que habilita este procedimiento, y 1998, más numerosas que las posteriores a esa última fecha.
- Los listados con su escasísima información no permiten identificar los bienes inmatriculados para lo que es necesario disponer de las notas simples.
- Los listados ocultan la cantidad y calidad de bienes inmatriculados como edificios anexos, dependientes, etc.: la Giralda de Sevilla, el Micalet de Valencia, etc.
- Y, sobre todo, contradice los compromisos asumidos por el Gobierno.
Tanto los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos, como el programa del gobierno de coalición incorporaban compromisos explícitos para la recuperación del patrimonio inmatriculado. Pedro Sánchez en su discurso de investidura se comprometió a efectuar las modificaciones legislativas oportunas para revertir las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica. ¿Dónde están esas modificaciones legislativas?
Reivindicamos la nulidad de las inmatriculaciones, especialmente de las realizadas después de 1978 por inconstitucionalidad sobrevenida. Reivindicamos una ley que fije los criterios para calificar nuestro patrimonio cultural religioso de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro.
Por otra parte, el PSOE ha votado en contra, uniendo sus votos a los de la derecha, en el Senado primero y en el Congreso después, de sendas proposiciones no de ley (PNL), impulsadas por la coordinadora Recuperando, para abrir paso al cumplimiento de los compromisos adquiridos para recuperar los bienes inmatriculados..
Frente a ello, el Gobierno abandona a su suerte a particulares y entidades locales para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales la recuperación de sus bienes arrebatados. La reciente sentencia de las ermitas de Sangüesa en Navarra es buena prueba de la ineficacia de esta vía. Poco importa que la propia sentencia reconozca que las ermitas fueron erigidas en suelo público municipal por el Regimiento de Sangüesa y sus vecinos. Frente a eso, ha bastado con el uso religioso para reconocer la propiedad eclesiástica.
Si el Gobierno de coalición no ha estado a la altura de su compromiso histórico y los tribunales siguen dando cobertura a este expolio, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro / Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma y el resto de asociaciones que integran la coordinadora estatal Recuperando seguirán batallando hasta conseguir que los bienes inmatriculados reviertan a la situación anterior a su apropiación por la Iglesia católica. Seguiremos batallando hasta conseguir una regulación que defienda nuestro patrimonio de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro.