Gobierno central y asociaciones ciudadanas abordan las inmatriculaciones de la iglesia en una reunión

RECUPERANDO solicita que el Ejecutivo impida la privatización de los monumentos en manos de la Iglesia y un listado completo de las inmatriculaciones desde el franquismo

Representantes del Gobierno y de la coordinadora Recuperando, que agrupa a 30 organizaciones patrimonialistas, se han reunido esta semana en Madrid para examinar la polémica de las inmatriculaciones de la Iglesia. Las asociaciones han planteado tres cuestiones concretas en el que ha sido el primer encuentro oficial en sede ministerial desde que estalló el escándalo que ha permitido a los obispos inscribir a su nombre decenas de miles de edificios, plazas, cementerios, fincas y monumentos históricos de enorme valor patrimonial, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda, la arquitectura prerrománica asturiana o el arte mudéjar aragonés.

Recuperando quiere que el Gobierno declare inalienables los miles de bienes de interés cultural (BIC) actualmente en manos de la Iglesia y que promueva una nueva figura de protección de los monumentos de la Unesco para garantizar una gestión profesional bajo la tutela del Ministerio de Cultura. Esas dos normas aparecen en el anteproyecto de la nueva Ley de Patrimonio Histórico que redactó el anterior ministro, José Manuel Rodríguez Uribes, cuyo documento se encuentra congelado en algún cajón del Ministerio.

Actualmente, la Iglesia católica puede privatizar los monumentos que tiene en posesión, aunque el Estado se reserva el derecho de tanteo para acudir a la compra como opción prioritaria. La nueva normativa, sin embargo, prohibiría la venta a terceros en cualquier circunstancia, de tal forma que los edificios de interés cultural quedarían fuera del tráfico mercantil, exactamente igual que los bienes de dominio público.

Para los bienes de interés mundial (BIM), como la Catedral de Burgos, la Mezquita de Córdoba o el arte prerrománico asturiano, el Ministerio de Cultura tenía previsto crear un patronato integrado por las administraciones regionales y locales, así como miembros de las “entidades privadas que ostenten derechos” sobre los bienes. El patronato estaría adscrito al Ministerio de Cultura, interlocutor reconocido ante la Unesco. Recuperando solicita rescatar el anteproyecto de ley, particularmente estas dos normas, con las modificaciones oportunas para evitar un choque competencial con las comunidades autónomas.

Las asociaciones patrimonialistas también pidieron al Gobierno un listado de bienes completo y detallado desde 1946, año en que el dictador Franco promulgó la Ley Hipotecaria que privilegió a la Iglesia con la capacidad discrecional de inscribir bienes a su nombre sin aportar títulos escritos de dominio. El inventario de inmatriculaciones conocido hasta ahora solo incluye los bienes registrados desde 1998, cuando Aznar modificó la normativa franquista para permitir a los obispos inscribir templos de culto, que hasta entonces tenían prohibida su entrada en el registro de la propiedad privada. El listado actual, además, no permite identificar correctamente los bienes y Recuperando solicita una información registral más precisa.

Por último, la coordinadora ciudadana se interesó por la situación jurídica de Santa María del Naranco, el monumento emblemático de Asturias. Las asociaciones patrimonialistas han pedido hasta una decena de veces en el registro de la propiedad la nota simple del monumento, pero sorprendentemente no figura inscrito a nombre de nadie.

Alberto Herrera, subsecretario de Presidencia, y Mercedes Murillo, directora general de Libertad Religiosa, se comprometieron a estudiar las tres peticiones de Recuperando, que estuvo representado por Antonio Manuel Rodríguez, Andrés Valentín y José María Rosell.