La Iglesia inscribe como propios miles de inmuebles

La Iglesia española viene durante años poniendo a su nombre casas rectorales, viñedos, olivares, atrios, solares, pisos que pertenecían a los pueblos o que, en todo caso, nunca se registraron. Y lo ha hecho calladamente, sin que nadie percibiera esta suerte de voracidad inmobiliaria amparada por los artículos 206 y 304 de la Ley y el Reglamento Hipotecario. Los obispos pueden emitir certificaciones de dominio como si fueran funcionarios públicos. Este privilegio se agrandó en 1998, cuando el Gobierno de entonces suprimió el artículo 5 del reglamento citado, que impedía la misma práctica sobre edificios de culto, iglesias, catedrales o ermitas.

Una ley de 1998 permite a los obispos adueñarse de templos de culto de forma opaca – Pueblos de toda España descubren con sorpresa la apropiación

Desde aquel año, también pueden inscribir las propiedades a su nombre. A eso se llama, en la jerga administrativa, inmatricular. Y lo están haciendo a destajo. Puede decirse que en Navarra las jerárquicas sotanas han arrasado el territorio. A nombre de la diócesis figuran ya cientos de templos parroquiales, ermitas, basílicas, con todo lo que tienen dentro; también tienen a su nombre casas, almacenes y hasta cementerios, garajes o frontones.

¿Solo en Navarra? No. Por toda España se repite el mismo procedimiento, que es tan barato y sencillo para ellos como complejo para un ciudadano particular. Muchos alcaldes y particulares han descubierto el caso con sorpresa y luchan ahora por devolver al pueblo el inmenso patrimonio cultural e inmobiliario que consideran arrebatado. «Robo» y «expolio», repiten cuando se les pregunta por el caso.

«Inconstitucional», dicen los expertos jurídicos. «No siendo funcionarios públicos, pueden actuar como si lo fueran. Si el artículo 16 de la Constitución no otorga carácter estatal a ninguna confesión, ellos no pueden equipararse a un funcionario público», empieza Alejandro Torres, catedrático de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra.

Torres cita una sentencia de 1993 que declaró inconstitucional el artículo 76.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Hasta entonces, un cura podía desalojar a un inquilino de una casa sin tener que probar la necesidad de ocupación. Un padre no podía hacerlo sin demostrar, por ejemplo, que su hijo necesitaba la casa. La Iglesia sí. Pero aquella sentencia venía a decir que «no se pueden confundir fines estatales con fines religiosos, ni fines públicos con fines religiosos. Ni a la Iglesia con una corporación de derecho público», recuerda Alejandro Torres. «Esa filosofía es trasladable al pie de la letra en el caso de las inmatriculaciones que se están produciendo», asegura.

Puede ser, pero para que uno de estos casos llegue al Constitucional se necesita que un juez plantee una cuestión de inconstitucionalidad, o un recurso de amparo. O bien que un particular agote las instancias jurídicas hasta llegar a este tribunal.

«Ellos tienen tiempo y dinero, nosotros no», dice el alcalde de Garisoain, Javier Ilzarbe, que solo ha podido salvar una ermita. «Se han quedado con la iglesia de la Asunción, con el atrio, con la casa parroquial, con un solar de esa casa y los restos de otra ermita. Nos dimos cuenta hace un par de años, pero no pensamos recurrir, no tenemos posibilidades. Ganas ya tenemos, ya…».

A los alcaldes de los pueblos pequeños, como este de Navarra, apenas les queda el derecho a la pataleta. «Les cortamos la luz, que siempre la habíamos pagado nosotros; ahora la pagan ellos, y aunque nos siguen pidiendo que les arreglemos cosas ya no les hacemos las obras. En los ochenta les reparamos el tejado», dice Ilzarbe.

«Para esto se necesita voluntad política, que los grandes partidos frenen esto o que alguien lo pare en los tribunales. Esto está ocurriendo en toda España, es un escándalo monumental», dice Josemari Esparza, de la Plataforma navarra Ekimena, creada en 2007 para la defensa del patrimonio en esa comunidad.

Pero a los tribunales van los obispos, como hicieron con la ermita del Pilar, en Garisoain, que el Ayuntamiento se apresuró a registrar antes que ellos. Ganó el pueblo. «Les propusimos que la propiedad fuera del pueblo y ellos siguieran con el culto. Nanay, que ellos quieren la propiedad y punto. Encima no pagan ni el impuesto de bienes inmuebles», critica Ilzarbe.

En Huarte, también en Navarra, el alcalde pidió reunirse con el obispo. «Se negó y nos recibió el ecónomo. Nos mandó a los tribunales, y ahí estamos. Suerte que tenemos un documento de 1820 en donde la Iglesia da por buena la propiedad del pueblo sobre el templo», dice.

La Conferencia Episcopal Española deja el asunto en manos de cada diócesis. La de Navarra contesta: «La Iglesia no inscribe los edificios para apropiárselos, sino que los inscribe porque le son propios». Otra cosa, responden en un correo electrónico, «es que los Ayuntamientos quieran apropiárselos», por lo que tienen que «defenderse», aseguran.

«Si los edificios pasan a otras manos no hay garantías de que se sigan destinando al uso para el que fueron creados, como ya ha ocurrido», afirman. Y niegan que pasen a ser suyos solo porque los inscriban. «Cumplimos la ley de 1998: la Iglesia registra lo que es suyo», dicen en el mensaje. Explican también que su gasto en conservación del patrimonio es muy alto: «No es la Iglesia quien se está enriqueciendo con las aportaciones del Estado, sino que es el Estado el que se está ahorrando dinero con las aportaciones de la Iglesia».

Volvamos a Navarra. Y a su catedral. Con dinero público se pagaron millonarias reparaciones meses antes de que la diócesis la inmatriculara: 15 millones de euros. En 2006, el obispado la hizo suya y pusieron precio a las visitas y a las actividades que allí se desarrollaban, explican en la plataforma. «La Iglesia quiere la propiedad para tres cosas, vender, alquilar o hipotecar. Sabemos que ya se está vendiendo y alquilando, y desconocemos si se usa para hipotecas», dice Josemari Esparza.

Esparza cita un caso singular recogido en el libro que han publicado, el de San Miguel de Lizoain, un templo del siglo XIII «quemado y desacralizado donde el Ayuntamiento iba a montar un centro cívico. En 2003 la Iglesia la inmatriculó, el mismo día que el resto de los templos del valle, y ahora el Ayuntamiento ha tenido que comprarlo para hacer el centro que planeaba. Un negocio redondo», se indigna Esparza. Recuerda que antiguamente las iglesias eran el centro municipal, la escuela, el lugar de reuniones. Todo. «Finalmente, quedó casi en exclusiva como lugar de culto, pero nunca fue de ellos. Ahora en Tafalla cobran 300 euros por los conciertos de las bandas que se celebraban tradicionalmente allí. El negocio del futuro de la Iglesia es el inmobiliario», sigue Esparza.

En el libro de la plataforma se analiza también el caso de la capilla de San Fermín, emblemática en Pamplona. «En los archivos se recogen los inmensos esfuerzos que hubo de hacer la ciudad para construirla; tanto que tuvieron que suspender las corridas de toros durante seis años. No puede estar más acreditado que era de propiedad pública. Pues la diócesis la inmatriculó en 2003. Y hace bien de dinero con ella, por las bodas y otros ritos», explica Esparza.

En Navarra, la plataforma está pidiendo a los alcaldes que saquen normas que impidan especular con los terrenos aledaños a las iglesias, esos que se están inmatriculando.

¿De quién son las iglesias? Hay que bucear en los archivos para saberlo, y no siempre se tiene constancia. Para la Iglesia, «la posesión pacífica de bienes inmuebles durante más de 100 años es, jurídicamente, título de propiedad suficiente para inscribirlos legítimamente en el Registro de la Propiedad». Temen que los templos se usen para otros fines. Pero ese temor no puede extenderse a los frontones, los olivares, las casas rectorales, los cementerios. ¿O sí?

El amo del retablo

En Navarra la Iglesia católica ya ha hecho suyas 1.087 propiedades

Miles de pueblos en toda España construyeron hace décadas una casa para el cura, otra para el maestro y otra para el médico. Unos y otros se fueron yendo y esas viviendas volvieron al pueblo, que dispuso de ellas para otros usos. Pero de la casa rectoral, o casa curato, ya se pueden olvidar, el obispado es su dueño. Si todas ellas estuvieran en Madrid, no habría problemas para alojar a los jóvenes que vienen a ver al Papa en agosto.

En el registro de la propiedad ahora le toca el turno a los templos de culto. Navarra parece ser la comunidad más afectada, pero de eso no hay certeza cabal. Sí es, desde luego, donde se ha formado el frente de lucha más estructurado en defensa del patrimonio. Cuentan con documentación exhaustiva sobre lo «expoliado» y los alcaldes están alertados de lo que ocurre. La Pplataforma Ekimena ha recurrido a expertos jurídicos y ha llamado a la puerta de los partidos políticos en busca de ayuda para embridar el apetito inmobiliario de la Iglesia.

A falta de jueces que den un paso al frente o de Gobiernos que encaren el tema, la batalla se libra entre la pulga y elefante: Ayuntamientos de decenas de habitantes contra la poderosa diócesis. Y va ganando el paquidermo. Vean si no. Inmatriculaciones: 651 templos parroquiales, 191 ermitas, 9 basílicas, 42 viviendas y casas, 26 locales comerciales, almacenes, garajes, 2 atrios, 8 cementerios, 107 fincas, solares y terrenos, 38 prados, pastos y helechales, 12 viñas, pinares, olivares y arbolado, y un frontón. Total, 1.087 desde 1998. El inventario de santos, cálices, angelitos, bordados, retablos, cristos y vírgenes ha de ser innúmero.

La Plataforma se constituyó en 2007 cuando se detectó «la privatización de iglesias y ermitas», recuerda Josemari Esparza, miembro de la misma. Y se hizo un llamamiento a todos los alcaldes. A partir de 1998, cuando el Gobierno abrió la vía para inmatricular también lugares de culto, se desató el furor. Lo mismo daba un humilladero que un parque infantil adosado a la iglesia. «Muchos de estos edificios los han construido los ayuntamientos, los han mantenido, han pagado los gastos, las reparaciones. Pero, si seguimos el razonamiento de la Iglesia de que los lugares de culto son suyos, ¿cómo explican entonces los que no son de culto?», reta Esparza. «Los pueblos están indefensos. Urge conocer al detalle, y para eso solo hay que pedirlo al Ministerio de Justicia, de cuántos edificios y lugares estamos hablando, el escándalo es monumental». Esparza lo sabe porque en la Plataforma se reciben correos electrónicos y llamadas de decenas de pueblos, de Galicia, Castilla y León, Andalucía, Valencia; de todas partes.

«El obispado registra una iglesia por el precio de una campana, pero la reclamación es por el valor de lo reclamado», lamenta Esparza. «Necesitamos que se ponga un recurso de inconstitucionalidad», ruega. Cree que deben conocerse las cifras de inmatriculaciones de toda España, «que la gente sepa lo que está pasando con el patrimonio».

«Es inmoral», se indigna Álvaro Calderón. Es «creyente y practicante». Así se lo dijo al juez y al cura. Ha sido secretario de Garisoain y protagonista en el conflicto con la ermita del Pilar, juicio que ganó el Ayuntamiento y que la Iglesia ha recurrido. «Si son tan sensibles, que convoquen a la gente, por lo menos a los que somos cristianos, y no como lo han hecho, subrepticiamente. Investigué en los archivos y esa ermita la construyó el pueblo».

El Pais, 11/07/2011.

Ochagavía renueva la lucha contra el obispado por la ermita románica

La alcaldesa peleará por que el templo vuelva a manos de este pueblo navarro

El obispado ha puesto a su nombre la parroquia y la casa parroquial de Ochagavía (Navarra, 600 habitantes). Pero nada ha hecho tanto daño como la inscripción en el registro de la ermita de Muskilda, un espléndido entorno natural al que la Iglesia ya le dio un buen bocado hace más de una década, registrando como suya la casa de la ermitaña. Algunas pancartas en los balcones, y pegatinas aquí y allá, le dicen al obispo de quién es Muskilda: del pueblo. Y la diócesis contesta que no, que Muskilda es suya. Eso y ninguna otra cosa se desprende de las reuniones que han mantenido una parte y la otra en los últimos años.

Los obispos pueden registrar a su nombre cualquier casa, finca o cementerio que ande por ahí sin propietario, y lo pueden hacer con la soltura de un funcionario. Este antiguo privilegio se extendió en 1998 a los templos de culto. Tan pronto como eso ocurrió, Muskilda tuvo dueño. Pero en el pueblo no se enteraron hasta 10 años después. «La gente mayor no se lo puede creer», repite la nueva alcaldesa, María Luisa Saez García-Falces, de un partido local.

En Muskilda el pueblo celebra numerosas tradiciones, muchas de las cuales se pierden en la historia. Y un patronato conformado por el alcalde, los concejales (si quieren) y el secretario se encargan de siempre de la gestión del lugar. En 1949, como mandaba la época, el cura también entró a formar parte del grupo.

Durante tres años, el patronato ha intentado negociar con la Iglesia. En balde. Las conversaciones, como las recuerda Mikel Zoco, entonces concejal, venían siendo más o menos así.

-Imaginaros que en algún momento en el patronato hay gentes de otras culturas que no comulgan con nuestra religión y dedican el templo a otros cultos, pedían los mensajeros de la diócesis.

-¿Y si la vendéis vosotros?, contestaban los del pueblo.

-No, no, no penséis eso.

-Pues en otras culturas tampoco pensamos.

«Es una excusa clara, porque la casa de la serora (la ermitaña) se la han quedado y ahí no es una cuestión de cultos. Además, les garantizamos que se respetaría el culto, pero que renunciaran a la inmatriculación de la ermita. No quieren. La voluntad está muy clara», dice Mikel Zoco, que ahora ya no es concejal. Pero forma parte de la plataforma navarra y cree que en este asunto los pueblos deben ir unidos, porque uno a uno poco podrán conseguir.

El nuevo Ayuntamiento tiene en sus planes cambiar de abogados. «Pleitear con la Iglesia es difícil porque la ley parece ampararles. Pero buscaremos los abogados que ya han ganado sentencias similares. La Iglesia asegura que Muskilda seguirá igual. Ya veremos», dice con desconfianza la alcaldesa.

Navarra, a pesar de ser la región que ha reaccionado de una forma más organizada contra esta fiebre privatizadora de la Iglesia, encuentra dificultades a cada paso. Para empezar, no es fácil determinar de quién es una iglesia, aunque la diócesis de Navarra, cuando se le pregunta por esa cuestión, responde que «del pueblo, del pueblo de Dios». «Es que a nadie se le ocurre registrar un Ayuntamiento, por ejemplo, ni una iglesia», dice la alcaldesa.

Cada año, los danzantes adornan con su coreografía la tierra de Muskilda, y se celebra la antigua liturgia del cambio de mayordomo, y los quintos y los homenajes a los cofrades fallecidos y las romerías.

¿Va a seguir todo eso? Si el obispado quiere sí, si no, está en su mano cerrar la puerta. O cobrar la entrada. «Los católicos pidieron que le dieran a la Iglesia un margen de confianza y que se negociara. Así se hizo, pero nada ha cambiado», cuenta Mikel Zoco.

A pesar de que no es fácil que la gente plante cara a la Iglesia visiblemente y menos en un pueblo pequeño, Ochagavía no parece que vaya a rendir su templo más querido.

IU tacha de «escandalosos» los registros de la Iglesia

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, tachó ayer de «escandaloso» el hecho de que la jerarquía de la Iglesia católica esté inscribiendo como propios miles de inmuebles en toda España.

Llamazares aseguró que su grupo tratará de que «el Gobierno informe vía parlamentaria del alcance de esta actuación». «Pero no somos muy optimistas porque en esta legislatura cada vez que hemos preguntado al Ejecutivo por alguna cuestión que afecta a la Iglesia o tarda meses en darnos la información o, simplemente, no responde», afirma Llamazares.

Consultado el Partido Socialista sobre el particular responden que hoy [por ayer] no tenían una respuesta. Que quizá mañana.

A IU no le sorprende que hechos así se puedan producir: «La jerarquía católica se siente intocable, mucho más después de que el Gobierno socialista, en su afán por eludir cualquier problema con ella y anular toda imagen pública de confrontación que le pueda restar votos entre el electorado moderado, no ha dudado en seguir una política laxa que ha incluido mejorar sustancialmente su financiación y dejar en el cajón del olvido la anunciada Ley de Libertad Religiosa», critican.

En Navarra, la comunidad que más está luchando por poner coto a las inmatriculaciones de la Iglesia y donde los alcaldes se quejan «del expolio brutal» que han sufrido, también pidieron ayuda al Parlamento autónomo. «Pero pasa como con la Iglesia, todo son buenas palabras, pero luego nos han sido de poca utilidad», dicen en la Plataforma Ekimena, para la defensa del patrimonio. Particulares de toda España piden asesoramiento a esta plataforma en un intento, quizá tardío, de solucionar los casos ocurridos en sus pueblos.

El Pais, 12/07/2011