Alrededor de doscientos ayuntamientos y concejos navarros se han adherido ya a la Plataforma en Defensa del Patrimonio, la asociación que se opone a la «apropiación» por parte del Arzobispado de más de mil bienes (iglesias, ermitas, casas, cementerios, atrios o frontones, entre otros) que, en opinión de este colectivo, pertenecen a los vecinos.
La Plataforma adelanta este año su ya habitual protesta frente al Arzobispado de Pamplona, que tendrá lugar el sábado 28, día de los Inocentes, a las 17.00 horas. Esa tarde, Melchor, Gaspar, Baltasar y Olentzero llevarán carbón al arzobispo después de otro año en el que no habido avances ni acercamientos porque la jerarquía eclesiástica navarra «se niega a hablar», dijo Pascual Larumbe en representación de la Plataforma.
– El sábado llevarán carbón al arzobispo contra la «apropiación» de bienes públicos.
– Critican que la jerarquía católica navarra «se niega a hablar» después de haber inmatriculado más de mil bienes.
Larumbe destacó que esta asociación no ha atacado a nadie, al revés, su labor es «de defensa» porque «quien ha tomado la iniciativa de apropiarse de un patrimonio inmenso ha sido la jerarquía eclesiástica», por lo que advirtió de que «no vamos a consentir tergiversaciones del sentido de nuestra actividad». Aseguró que sus argumentaciones se fundamentan en tres pilares: «La constatación histórica y sociológica de la pertenencia de ese patrimonio a los pueblos, las anomalías jurídicas y la opaca y vergonzante forma de llevar a cabo las inmatriculaciones, y la contradicción ético moral de una institución que predica el Evangelio de Jesús».
«Por más que lo diga el nuevo Papa, la Iglesia católica no es pobre ni quiere serlo»
Larumbe destacó que la batalla por la reversión de esos bienes a los pueblos es de «largo recorrido» y señaló como hitos más importantes del año que termina la asamblea municipalista celebrada en abril en Burlada con unos 200 ayuntamientos y concejos adheridos ya a la Plataforma, entre ellos el de Pamplona desde el 26 de abril. Para el próximo año Larumbe destacó que la pretensión es «reforzar la comunicación» y «conectar más a fondo con las instituciones para que cumplan los acuerdos adoptados», como el que aprobó el Parlamento foral en 2012.
En cuanto a la batalla judicial, resaltó la dificultad de los ayuntamientos y concejos, algunos muy pequeños, a la hora de enfrentarse en los tribunales a la Iglesia, que tiene de su parte la Ley Hipotecaria franquista de 1948, incluso modificada a su favor en su día por el Gobierno de Aznar. «Después de haber marcado las cartas hablan de que el que quiera pleitear que acuda a los tribunales», aseguró Larumbe, que enmarcó las inmatriculaciones de bienes en un contexto general más amplio de «privilegios de la Iglesia católica en el Estado Español».
Patrimonio ruinoso
En este sentido abundó la letrada de la asociación, Karmentxu Urriza, para quien «la situación es falsa de partida», ya que «a un ciudadano no se le permite lo que se le permite a la Iglesia, por lo que no se va en igualdad a los juzgados». Criticó asimismo que lo único que busca el Arzobispado es «hacer patrimonio», gran parte del cual está en estado ruinoso. Así, expresó la preocupación de muchos pueblos por el estado de algunas propiedades de la Iglesia: «A nadie se le permite tener una casa en ruinas, pero a la Iglesia, sí. Además, muchas veces son pequeños concejos que no tienen competencias urbanísticas», dijo. La Plataforma está elaborando actualmente un censo de edificios propiedad de la Iglesia en ruinas.
Respecto al cambio en Roma y a los supuestos aires de renovación en la Iglesia, desde la Plataforma no lo tienen claro. «La línea del nuevo Papa parece mucho más en consonancia con el Evangelio», señaló Larumbe, mientras Carlos Armendáriz advirtió de que «la Iglesia siempre ha actuado así. Siempre hay un profeta que va a cambiar todo (en referencia al nuevo Papa) y mil profetas menores que lo destruyen. Ahora va a pasar lo mismo porque, por más que lo diga el Papa, la Iglesia no es pobre ni quiere serlo».
Diario de Noticias, 24/12/2013