La Plataforma pide a los pueblos que registren sus bienes antes que la Iglesia

La Asamblea en Defensa del Patrimonio Navarro ha exhortado a los ayuntamientos y concejos navarros a que registren a su nombre los bienes públicos que pudiera inmatricular el Arzobispado y que aún no lo haya hecho, una vez conocida la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Estella sobre la ermita del Pilar de Garísoain, un pleito en el que la Iglesia Católica no ha podido demostrar judicialmente su propiedad.

pamplona. La Asamblea puso a esta pequeña localidad del Valle de Guesálaz como «ejemplo» para el resto de los pueblos. Actualmente existe otro litigio en los tribunales entre la Iglesia y el Valle de Aranguren por la propiedad de la Casa Parroquial y hay al menos otro ayuntamiento navarro que acudirá en breve a los juzgados.

Miembros de la Asamblea valoraron de forma muy positiva esta sentencia, la primera en Navarra en la que un pueblo litigaba con el Arzobispado por la propiedad de un lugar de culto. La abogada Isabel Urzainqui dijo que la sentencia analiza de forma muy pormenorizada la cuestión y aporta «una sólida argumentación lógica», al decir que «celebrar culto en determinados lugares no conlleva que esos lugares sean propiedad de la Iglesia». Urzainqui repasó pormenorizadamente el fallo judicial, del que se deduce que el Arzobispado no ha podido aportar título de propiedad de la ermita ni la jueza ha aceptado una supuesta adquisición por el uso continuado del templo.

A expensas del pronunciamiento de la Audiencia Provincial, a la que el Arzobispado ya anunció su intención de recurrir, la sentencia de Garísoain pone de manifiesto que la carga de la prueba la tiene quien demanda, y en este caso ha sido la Iglesia, por lo que la Plataforma insistió en la importancia de que los pueblos registren los bienes públicos que aún queden sin inmatricular por el Arzobispado, ya que lo mismo ocurre en sentido contrario. Si el bien ya ha sido inscrito a nombre de la Iglesia, la carga de la prueba correspondería a los pueblos, con la dificultad que eso conlleva. «Habría que estudiar caso por caso. Yo recomendaría que busquen con tiempo en los archivos municipales todos los documentos que puedan argumentar una demanda», dijo Isabel Urzainqui. En cualquier caso, la letrada aseguró que la equiparación de la iglesia con una institución pública a la hora de registrar bienes a su nombre no debería existir en un Estado aconfesional. De hecho, muchos juristas sostienen que la reforma de la Ley Hipotecaria que realizó en 1998 el Gobierno Aznar podría ser inconstitucional, pero de momento nadie la ha llevado al Tribunal Constitucional para que se pronuncie.

responsabilidad de los ediles Otro miembro de la Plataforma en Defensa del Patrimonio, Pascual Larumbe, recordó que la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro surgió a mediados de 2007, cuando se conoció la inmatriculación por parte del Arzobispado de Pamplona de 1.087 bienes, un hecho «gravísimo», dijo, del que muchos pueblos y ciudades de Navarra «no son conscientes de su importancia». Larumbe apeló a la responsabilidad de los cargos municipales a la hora de mantener el patrimonio público «no para que esos bienes sean del Ayuntamiento como institución, sino para que sean de los pueblos».

Larumbe expresó su «preocupación» por la «pasividad» que demuestran las instituciones navarras en el tema de las inmatriculaciones después de tres años y medio. «El Parlamento se ha movido algo, en concreto de allí sacamos la relación de bienes inmatriculados. También la Federación Navarra de Municipios y Concejos, por primera vez y por mandato de la asamblea va a promover un estudio». No obstante, Larumbe se preguntó si el hecho de que no haya habido un posicionamiento más claro de las instituciones tal vez se deba «a un desenfoque de la cuestión, a tomar este movimiento como una confrontación, cuando nosotros nunca lo hemos planteado así, simplemente hemos dado la voz de alarma sobre lo que está pasando».

La tapia del Seminario

Juan del Barrio, miembro de la Plataforma, se refirió al reciente informe jurídico encargado por el Ayuntamiento de Pamplona que recomendaba, como ya recogió éste periódico, registrar los bienes que pudieran tener colisión con la Iglesia. Del Barrio dijo que además de los que aparecen en el informe existen otros bienes como la iglesia de Jesús y Marí o el propio Seminario, del que recordó que en 1931 el Ayuntamiento de Pamplona cedió 31.000 metros cuadrados y permitió expropiar hasta 70.000 metros cuadrados al Obispado, y el obispo se comprometió por carta a hacer un paque público alrededor del edificio, que luego lo tapió. Además Del Barrio recordó que los terrenos del Seminario se cedieron para fines religiosos «y ahora existe allí un geriático privado», dijo. Por ello criticó la «dejadez» con los bienes públicos tanto de la actual como de las anteriores corporaciones de Pamplona.

Por otra parte, Del Barrio dijo que la Plataforma ha tenido conocimiento de que el Arzobispado está intentando vender y permutar bienes inmatriculados recientemente. En concreto, se refirió al caso de un valle cercano a Pamplona, aunque no dijo el nombre, en el que se pretende formalizar una permuta para edificar.

Diario de Noticias, 10/02/2011

Isabel Urzainqui: «Los pueblos deben registrar sus bienes antes que la Iglesia»

Después de analizar la sentencia del Juzgado de Lizarra a favor del Concejo de Garisoain, en su litigio con el Arzobispado, la abogada de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, Isabel Urzainqui, aconseja a los pueblos que registren sus bienes antes que la Iglesia.

En el juicio celebrado hace un mes por la propiedad de la ermita de Garisoain la carga de la prueba le correspondía al Arzobispado, por ser el demandante. Como no pudo acreditar que tenía ningún título de propiedad, la jueza dictaminó que su propietario es el Concejo.

En ese caso concreto la sentencia fue favorable a las tesis de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. Sin embargo, su abogada, Isabel Urzainqui, también advierte sobre un aspecto negativo: «Cuando sean los concejos o los ayuntamientos quienes quieran demandar al Arzobispado, deberán aportar las pruebas. Esto es mucho más difícil. Es decir, resulta mucho más cómodo ser demandado que ser demandante».

Por ello, el primer consejo que da a las entidades locales es que «se adelanten y, en virtud de la posibilidad que les da el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, inmatriculen todas aquellas propiedades que todavía no estén inscritas a nombre de la Iglesia».

Para los casos en que el Arzobispado ya ha privatizado bienes sobre los que existen pruebas de que son propiedad de los pueblos, Isabel Urzainqui recomienda presentar demandas y aportar toda la documentación que posean.

Como ejemplo más claro señala el de Uharte, cuyo Ayuntamiento ya ha recurrido a la vía judicial porque posee una extensa y precisa documentación de que la iglesia del pueblo es de su propiedad.

Sin embargo, también hay concejos que han cedido ante la demanda del Arzobispado, principalmente «por miedo a meterse en gastos», apunta Urzainqui.

Recurso del Arzobispado

Quien no repara en gastos es el Arzobispado, que ya ha decidido presentar recurso judicial contra la sentencia del Juzgado de Lizarra sobre la ermita de Garisoain. A este respecto, la abogada de la Plataforma aclara que una sentencia ratificadora por parte de la Audiencia Provincial de Nafarroa no sentaría ningún tipo de jurisprudencia.

Para que así fuese, según explica, serían necesarias dos sentencias del Tribunal Supremo o, si se trata de una cuestión de Derecho Foral, del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa. «Las sentencias de las audiencias no crean jurisprudencia, y prueba de ello son las sentencias contradictorias sobre una deuda hipotecaria del BBVA».

En cualquier caso, esta abogada confía en que la Audiencia Provincial ratifique la sentencia de la jueza de Lizarra, sentencia que califica de «muy buena» y en la que queda claro que «la Iglesia no ha acreditado la posesión de la ermita ni ha ejercitado actos a título de dueño».

«Un dueño tiene llave, repara y autoriza cuando alguien va a realizar obras en su propiedad, y aquí no ha hecho nada de eso. El párroco de Garisoain no tenía llave y no autorizó las obras en la ermita, que fueron realizadas por personas distintas», recuerda Urzainqui, al tiempo que rebate el argumento de que la celebración de culto en un lugar implique propiedad del mismo.
Junto a ello, considera que debería suprimirse el articulado de la Ley Hipotecaria que permite a la Iglesia católica apropiarse de bienes públicos sin tener que presentar pruebas de que realmente le pertenecen.

«Pensábamos que iba a haber una mayor implicación por parte del Parlamento»

Una cuestión que no ha pasado desapercibida tras la sentencia sobre la ermita de Garisoain ha sido el silencio de las instituciones navarras. A este respecto, Isabel Urzainqui reconoce que el Parlamento hizo una labor «positiva» cuando accedió a la petición para solicitar la relación de todos los bienes que había inmatriculado la Iglesia en Nafarroa, pero se muestra crítica con la «pasividad» que ha mostrado desde entonces.

«Yo creo que el mantenimiento de ese patrimonio está en el sentir de todos los navarros. Son bienes que pertenecen a los representantes del pueblo, que son concejos y ayuntamientos, y pensábamos que iba a haber una implicación mayor por parte del Parlamento. El grupo de alcaldes ha pedido que aporte también la relación de bienes que ha inmatriculado la Iglesia desde 1946 hasta 1998, porque creemos que se ha apropiado de cientos de fincas y que el Parlamento debería decir algo al respecto», concluye la abogada de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro.

Gara, 11/02/2011