En pleno debate sobre la puesta en marcha del espacio, toca hacer un “ajuste” ya que la parcela nunca fue de la Diócesis, que se había comprometido a cederla a las instituciones para homenajear a las víctimas
Fuente: eldiario.es
Este pasado viernes fue 3 de marzo y, en Vitoria, se cumplieron 47 años de que en 1976 la Policía Armada posfranquista disolviera a tiros una asamblea obrera en la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga. Hubo heridos -muchos heridos- y cinco trabajadores fueron abatidos. Es uno de los episodios críticos de la Transición y sus ecos llegaron hasta Roma o Tarragona, donde en las protestas hubo también cargas y fallecidos. El reto con el quincuagésimo aniversario cada vez más cerca es la puesta en marcha de un Memorial en el propio templo que acogía a los huelguistas de Forjas Alavesas y otras empresas. La Diócesis está dispuesta a cederlo y así se comunicó hace ya dos aniversarios. En los últimos días las instituciones parecen haber pisado el acelerador con los trámites pendientes y hasta el Gobierno de España ha anunciado su deseo de participar. Pero, a la vez, también ha asomado una anomalía urbanística: se ha descubierto que la parcela San Francisco no es jurídicamente de la Iglesia católica.
Según confirman a este periódico tres fuentes, la propia Diócesis, el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Vitoria, en los trámites preparatorios para la tramitación de los convenios y estatutos para la puesta en Marcha del Memorial, de cuyo germen también forma parte la Diputación de Álava, la configuración urbanística del polígono de Zaramaga durante el franquismo no fue rigurosa de tal modo que la finca sobre la que se levanta el templo no está registrada a nombre del Obispado. El edificio como tal -“el vuelo”- sí fue sufragado por la Iglesia y es de su propiedad a todos los efectos, pero la plena cesión a la futura fundación interinstitucional que regirá el espacio de recuerdo de los hechos del 3 de marzo de 1976 no es posible sin un “ajuste” urbanístico o “reparcelación”. El templo, en todo caso, ya no estaba destinado al culto, sino que acogía una muestra permanente de belenes y nacimientos.
“Las cosas se hacían como se hacían… Ahora lo que hay que hacer es reordenar. Es un trámite y ya están los técnicos en ello, pero llevará varios meses”, coinciden las fuentes consultadas. Apuntan que la solución, una vez realizados los ajustes, será que se ceda la parcela de pleno derecho a la Diócesis y que luego, inmediatamente, la entregue como se ha comprometido. Además, las mismas fuentes insisten en que esto no frena el resto de actuaciones necesarias para la puesta en marcha de la iniciativa, que forma parte de un plan más amplio en Euskadi y se complementa con el Memorial para las víctimas del terrorismo (de ETA y de otros, también en Vitoria), con el Instituto de la Memoria (Gogora, que abarca también la época de la Guerra Civil y la dictadura) y espacios específicos en Gernika por el bombardeo o en otros lugares significados por la historia.
De hecho, si se van superando todos los trámites, el mismo 3 de marzo, viernes, el pleno del Ayuntamiento de Vitoria aprobará su parte de los estatutos del nuevo centro. Ya han pasado por la junta de Gobierno y este lunes tendrán otro trámite en comisión, recuerda desde el Ejecutivo municipal. Los consejos de la Diputación y del Gobierno tendrán que hacer lo propio. “Con la mayor brevedad”, se comprometió este martes en rueda de prensa el diputado general de Álava, Ramiro González.
En medio, se ha colado el debate sobre la participación del Estado en el Memorial. Fue EH Bildu la que impulsó que el Gobierno de España entrara a financiar el proyecto con una partida de 600.000 euros durante las negociaciones de los presupuestos de 2023. Lo hizo para sorpresa del PNV, cuya consejera Beatriz Artolazabal -entonces responsable autonómica en esta materia- se enteró por la rueda de prensa. Ahora, en una sucesión lógica, el Ejecutivo central ha pedido entrar al órgano rector del Memorial como el resto de instituciones. Lo verbalizó en una reciente visita a Zaramaga Fernando Martínez, secretario de Estado para la Memoria Democrática, y lo ha repetido el delegado del Gobierno, Denis Itxaso. De hecho, esa cantidad supera con creces los 290.000 euros previstos por Artolazabal antes de dejar su puesto en los presupuestos vascos de 2023.
Las asociaciones de víctimas Memoria Gara y Martxoak 3, que demandan un papel protagónico en el centro -al menos con una vicepresidencia honorífica- y que no sea una iniciativa exclusivamente institucional, han exhibido sus recelos al entender, en palabras de Andoni Txasko, que el Gobierno central sigue protegiendo a los “victimarios” frente a las víctimas. Han referido, por ejemplo, que nunca se haya censurado el papel de los ministros entonces Manuel Fraga, ya fallecido, o Rodolfo Martínez Villa, investigado en Argentina por sus actuaciones en España. Las instituciones vascas, entretanto, insisten en que el proyecto vaya avanzando y que sea en el futuro cuando se determine el posible papel del Estado. Durante la presentación del plan, en 2021, la consejera Artolazabal lamentó que el Estado nunca haya asumido la “utilización indiscriminada” de la violencia en Zaramaga en 1976. Por el contrario, el actual Gobierno de PSOE y Unidas Podemos señala que “recordar a las víctimas del 3 de marzo es algo fundamental para la democracia”.
En aquella jornada, la Policía Armada franquista -solamente habían pasado tres meses desde la muerte del dictador- irrumpió con botes de humo y balazos en una asamblea de trabajadores en huelga que se celebraba en la iglesia de San Francisco del barrio obrero de Zaramaga. El templo estaba a rebosar y mucha gente se amontonaba fuera en una más de las movilizaciones laborales que se sucedían por la ciudad desde enero de ese año inicial de la Transición. La masacre se saldó con tres fallecidos esa jornada, Francisco Aznar (17 años), Pedro María Martínez Ocio (27 años) y Romualdo Barroso, un joven extremeño de 19 años que residía en Errekaleor y falleció en el hospital. Días después murieron José Castillo y Bienvenido Pereda en Vitoria. En protestas en otros lugares la Policía mató a Vicente Antón (Basauri), Juan Gabriel Rodrigo (Tarragona) y Mario Marotta (Roma). “Me puse de sangre como un Cristo”, contó un testigo a este periódico.