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Fuente: elpais.es
La familia y el Arzobispado de Madrid han mantenido un litigio durante más de un año
Un enviado de Dios en la Tierra llegó a un acuerdo con la señora Mercedes González el día de los enamorados de 1995. Sucedió a 49 kilómetros de la Puerta del Sol, en Miraflores de la Sierra, un pueblo de 6.000 vecinos fundado por ganaderos segovianos allá por el siglo XIII. Muy cerquita de su Iglesia empedrada, un templo consagrado a la Asunción de Nuestra Señora, la vecina Mercedes heredó una casa blanca de tres plantas con un patio exterior de tres metros cuadrados.
Antonio Ruiz, el cura de los noventa, se llevaba muy bien con Mercedes porque, aparte de que era una ama de casa de misa diaria, vivían pared con pared. Número ocho, casa sacerdotal. Número seis, hogar de Mercedes y sus tres hijas. Un día de 1995 el cura pensó en reformar la casa sacerdotal. Antes, eso sí, avisó a su vecina Mercedes de la idea que tenía: “Vamos a levantar cuatro plantas en forma de C dejando a tu patio exterior aislado y encajonado. No obstante, podrás seguir accediendo a él a través de una puerta que haremos porque el patio es tuyo”. Los dos estamparon en un folio escrito a máquina las firmas de conformidad. Hasta ahora, que se ha enterado el Arzobispado de Madrid y ha metido mano en el asunto.
“Mi madre era una mujer muy católica y les consistió todo. ¿Ingenua? Quizá. Por eso este patio está como está”, cuenta Marta Ramírez, de 58 años, observando hacia arriba la gigantesca mole de ladrillo de 10 metros de altura de la casa sacerdotal. “A mí y a mis hermanas nos pareció una estupidez que mi madre permitiera la obra, pero, al fin y al cabo, cada uno hace lo que quiere con su casa. La cuestión es que en el acuerdo que firmaron queda claro que el patio sigue siendo nuestro”.
La señora Mercedes murió en 1999 a los 74 años de una insuficiencia cardíaca. Su familia creció. La casa quedó deshabitada. Un día de 2015 decidieron alquilar el hogar de su infancia a una familia del pueblo. Dos años después, sonó el teléfono: “Mira, Marta, queremos comprar vuestra casa, que nos gusta”. La venta estaba en marcha.
La burocracia española en estos asuntos es muy dilatada y pedregosa. Una mañana de 2017 Marta Ramírez y su hermana Mercedes fueron al catastro, el DNI de las casas, para comprobar que todo estaba en orden. “¡Me dijeron que el patio no estaba!”, recuerda. Ella interpretó que aquello tenía que ser un error. “Como está prácticamente cubierto por la obra de la casa sacerdotal, lo mismo creen que no existe”, pensó. Y como tenía guardado en un cajón el documento del sacerdote Antonio junto a la firma de su madre, razonó que todo esto quedaría en un pequeño bache administrativo. Pues no.
En julio de 2018 le pidieron en el Registro de la Propiedad el “documento de conformidad del colindante”: un papel donde conste que la Iglesia sabía que el patio era de Mercedes. Si el patio no estaba registrado, ahora había que demostrar que esto era suyo. Por si acaso y como Antonio ya no ejercía como cura en el pueblo, Marta acudió a Andrés Esteban, el nuevo párroco de Miraflores de la Sierra, que ya sabía la historia del dichoso patio: “Sí, sí, no te preocupes. Yo te firmo el documento de nuevo porque conozco la historia”, contestó. Y de nuevo se fueron al catastro. Pero nada. Que no. “Con esto no vale, necesitamos una firma jurídica que dé validez”. Es decir, del Arzobispado.
Con la Iglesia toparon. Los contactos con el Arzobispado son, todavía, más lentos que con la Administración. La tenacidad de las hermanas Ramírez ante un caso que consideran “injusto” y de un “aprovechamiento ilícito” les llevó una mañana de 2019 a la calle Bailén de Madrid, la casa del Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Según su versión, el encargado del departamento de Patrimonio y Obras les diijo: “¿Qué más os da el patio? Os quedáis con la servidumbre de paso y ya está”. O dicho a su manera: “Vamos, que se quedan con lo nuestro”.
No es un caso nuevo. La Iglesia española puso a su nombre durante décadas casas rectorales, viñedos, olivares, solares, pisos que pertenecían a los pueblos y que nunca se registraron, como este dichoso patio de Miraflores. Una voracidad inmobiliaria amparada por los artículos 206 y 304 de la Ley y el Reglamento Hipotecario de 1946. El punto final de este privilegió llegó, casualidad o no, en la Semana Santa de 2015.
El Gobierno de Rajoy aprobó ese año una la ley que, ya sí, impide a la Iglesia inmatricular bienes: inscribirlos a su nombre por primera vez en el Registro de la Propiedad. Un hecho que permitía a los obispos emitir certificaciones de dominio como si fueran funcionarios públicos. Según los datos del Colegio de Registradores, la Iglesia inscribió como propios 30.000 bienes en casi dos décadas. Por registrar, registraron hasta la mezquita de Córdoba en 2006.
La familia llevaba más de un año esperando una respuesta de Arzobispado y ahora, tras alertar a la prensa del caso, ha dado marcha atrás y ha acelerado el proceso: “Nunca se ha negado la titularidad del patio”, cuenta un portavoz de la Iglesia. “Hay un error catastral y queremos subsanarlo”.
La abogada de las Ramírez y el encargado del Arzobispado en temas jurídicos y obras se han cruzado varios e-mails y varias llamadas desde hace más un año. Uno: “Nosotros tenemos pendiente también la formalización de la obra de la casa sacerdotal que hicimos”. Dos: “Ya os contestaremos”. Tres: “Tenemos que hablar con el notario”. La situación ha llegado a un punto en que cuando todo estaba listo para firmar los representantes del Arzobispado, no se presentaron. “La persona que iba a hacerlo estaba de baja”, dicen fuentes del Arzobispado. Pero tampoco enviaron a otra. Ni avisaron. Este miércoles, ya sí, la Iglesia reconoció que el patio es de la familia. “Buena fe no ha habido. Esto es evidente”, dicen las Ramírez.
— ¿Son católicas?
— Nos bautizaron.