Plataforma de Defensa del Patrimonio navarro Nafarroako Ondarearen Defentsarako plataforma
El Ministerio de Justicia español anunció ayer que está elaborando un listado de bienes inmatriculados (inscritos en el Registro de la Propiedad) por la Iglesia y prevé, una vez finalizado, su publicación para cumplir con la Ley Hipotecaria. Desde la plataforma navarra que inició esta lucha por la recuperación del patrimonio público hurtado por los obispos se insiste en que se publiciten todas las propiedades que la Iglesia ha puesto a su nombre desde 1939.
El Gobierno español anunció ayer que hará públicos los edificios e inmuebles que la Iglesia puso a su nombre. La Plataforma Navarra de Defensa del Patrimonio, pionera en denunciar esta práctica, ha acogido con cautelas el anuncio. Por el momento, no se precisa si se publicitarán las inmatriculaciones desde 1998 o todas las anteriores a esa fecha, ya que la Iglesia tiene desde 1939 la capacidad de inmatricular inmuebles, un poder que le entregó el régimen franquista, ampliado después por José María Aznar y retirado recientemente, en 2015.
Carlos Armendariz, presidente de la plataforma, celebró la noticia señalando que a buen seguro aparecerán nuevas propiedades cuya titularidad por parte de la Iglesia sea cuestionable. Según explicó, la red de grupos en defensa del patrimonio público lleva más de un año presionando al PSOE para que diera el paso y ahora toca ver la profundidad del compromiso.
Por de pronto, a la Iglesia no ha gustado la noticia. La Conferencia Episcopal replicó a la noticia diciendo que ella no cuenta con un «registro de bienes» y, por tanto, no sabe cuántas propiedades posee. Su responsable económico, Fernando Giménez Barriocanal, advirtió que la publicidad de estas propiedades deberá hacerse «conforme a la legislación vigente» y bajo el principio de «no discriminación». Sobre este punto, cabe recordar que la Iglesia sí que fue discriminada positivamente cuando el Estado le entregó la capacidad para poner inmuebles a su nombre. No obstante y para justificar la falta de un inventario concreto de bienes, Giménez Barriocanal asegura que existen 40.000 entidades civiles reconocidas como Iglesia católica y que, por tanto, tienen capacidad para inmatricular.
Barriocanal aseguró que «el acto de registrar no concede la propiedad» y que existen métodos para determinar quién es el verdadero dueño. Aun así, en Nafarroa –donde la pelea por la recuperación del patrimonio público que la Iglesia puso a su nombre está más avanzada– el Arzobispado está litigando defendiendo ser el propietario de todo lo que inmatriculó. Y, por ende, toda recuperación de la propiedad de estos inmuebles pasa por un costoso proceso judicial contra la Iglesia.
La CEE aportó un dato ilustrativo de la gran cantidad de bienes de los que la Iglesia es propietaria. Según un estudio de la consultora PWC, «la puesta a disposición de la sociedad» de los bienes inmatriculados supone el 2% del PIB del Estado (22.000 millones). Este volumen económico es mayor que el de toda Nafarroa (19.827 millones).
La decisión de poner luz y taquígrafos a esta polémica práctica que realizó la Iglesia católica ha soliviantado a sectores reaccionarios. Pablo Casado (PP) argumentó que las cuestiones relativas a la religión «han de quedarse en la esfera privada».
No tropezar dos veces
Armendariz pone el foco ahora en no caer en el mismo error. Cuando la plataforma comenzó a investigar, lo hizo de 1998 en adelante. Desde que Aznar amplió los poderes para registrar bienes a su nombre a iglesia (se inmatricularon 23.000 propiedades). Pero no se fijaron en la fase anterior, cuando la Iglesia podía poner a su nombre cualquier otro bien que no fuera un templo. Así, cuando hace una década se publicó el gran listado de propiedades registradas por la Iglesia a su nombre (en el libro “Escándalo Monumental”) faltaban muchísimos bienes.0
«A la gente le sorprendió que hubieran inmatriculado un frontón, pero ahora sabemos que registraron cinco», afirma Armendariz. El presidente cita también el caso de la ermita de Muskilda, en Otxagabia, donde antes de 1998 la Iglesia ya había puesto a su nombre 10.000 metros cuadrados de los terrenos de alrededor. Por ello, pide ahora que se hagan públicas las inmatriculaciones desde 1939.
Gara, 2018/08/22