Las Plataformas de Cordoba y Navarra al ministro de Justicia

La Plataforma ciudadana “Mezquita-Catedral de Córdoba: patrimonio de tod@s” y la Plataforma para la Defensa del Patrimonio Navarro (Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma), como portavoces de un amplio  movimiento social que defiende el carácter público del patrimonio cultural, histórico y artístico usurpado en todo el territorio de Estado por la jerarquía católica al amparo de una norma predemocrática e inconstitucional (art. 206.1º de la Ley Hipotecaria de 1946 ), ante el intento de amnistía registral que se pretende llevar a cabo mediante la Reforma de la Ley Hipotecaria y que convalidaría la enorme cantidad de inmatriculaciones irregulares ya realizadas,

EXPONEN:

PRIMERO.- A pesar de que la Constitución Española establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” (Art.16.3 CE) y que el Tribunal Constitucional viene reiterando que “el art. 16.3 de la C.E. veda cualquier confusión entre funciones religiosas y funciones estatales”, lo cierto es que la Iglesia Católica, actuando como funcionario público y equiparada a la Administración Pública, se ha adueñado en plena democracia de gran parte de nuestro Patrimonio cultural, arquitectónico, histórico y artístico, traducido en miles de bienes privados o públicos, construidos y financiados por la ciudadanía, ante la pasividad de los poderes públicos y el desconocimiento de la población.

Desde que Aznar modificara el Reglamento Hipotecario en 1998, la jerarquía católica ha inmatriculado miles de propiedades en todo el Estado, valiéndose del art. 206 de la LH y art. 304 de su Reglamento que equipara a los diocesanos con fedatarios públicos. Sin acreditar la propiedad. Bastando la simple palabra de un diocesano como si los dogmas de fe tuvieran eficacia civil. Se desconoce el número total y el valor incalculable de los bienes apropiados por la Iglesia católica mediante estos preceptos propios de un Estado Confesional, sin parangón en Europa, dada la sistemática negativa del Gobierno a facilitar los datos registrales a los Grupos Parlamentarios que lo vienen solicitando.

En Navarra, solamente en el periodo 1998-2007, inmatriculó 1087 bienes de toda índole (monumentos, Catedrales, terrenos, casas parroquiales, ermitas, arbolados, cementerios, viviendas, solares, cocheras, etc). Somos conscientes que lo mismo ha ocurrido en el resto del Estado. Ha llegado a tal extremo la voracidad inmobiliaria de la jerarquía católica que algunos de los bienes inmatriculados por este procedimiento inconstitucional son plazas públicas (como la Triunfo de San Rafael o de la Fuensanta en Córdoba), o monumentos de la trascendencia patrimonial y simbólica de la Giralda de Sevilla o la Mezquita-Catedral de Córdoba, Patrimonio Mundial de la Unesco.

SEGUNDO.- El proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria omite de manera intencionada cualquier referencia a la Iglesia Católica. Como si nada de lo expuesto hubiera ocurrido. Se trata de una trampa. Hace desaparecer sin más el art. 206.1º de la LH que equipara a la Iglesia Católica con un administración pública para inmatricular bienes, sigilosamente, sin afrontar el problema, intentando que pase desapercibido, sin denunciar su manifiesta inconstitucionalidad y sin considerar, por tanto, los efectos perversos e irreparables que para nuestro Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico tendría la aprobación de dicha Ley de Reforma Hipotecaria.

Es decir, produciría una AMNISTIA REGISTRAL para los miles de bienes usurpados e inmatriculados por la Iglesia católica a través de un precepto franquista, predemocrático e inconstitucional (art. 206.1 LH), vivo retrato de un Estado confesional como era el de 1946, que debemos entender derogado desde la entrada en vigor de la Constitución Española.

¿Cómo piensa el Ministro de Justicia deshacer las terribles secuelas jurídicas, sociales, económicas, históricas y políticas que se derivarían de esta amnistía registral si se aprobara la Reforma de la Ley Hipotecaria? Nos tememos que esta reforma responde a la misma complicidad que en 1998 demostró el Partido Popular con la jerarquía católica, permitiendo la mayor apropiación inmobiliaria de la historia de España.  Con la diferencia de que ahora la ciudadanía está escandalizada tras haber adquirido conciencia de su gravedad: Usurpación del Patrimonio público por la Iglesia católica en plena democracia mediante una norma que proviene de la Dictadura franquista de 1946. Advertimos al Ministro de Justicia que no vivimos en un Estado confesional. Que por esa razón su Gobierno tuvo que echar atrás con la Ley del Aborto, propiciando su nombramiento como Ministro. Así pues, para evitar que le pueda ocurrir igual que a su antecesor, haga lo mismo con esta amnistía registral con la que pretende convalidar de forma clandestina y alevosa este pelotazo urbanístico para la Iglesia Católica, mientras no se declare la inconstitucionalidad del art. 206.1 de la LH, con carácter previo a cualquier reforma de la misma.

Por tanto,

SOLICITAMOS al nuevo Ministro de Justicia la retirada inmediata de la amnistía registral que se esconde tras el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946 y del Texto Refundido de la Ley del Catastro inmobiliario aprobado por RDL de 5 de marzo de 2004, por las irreparables y perjudiciales consecuencias jurídicas, económicas, sociales e históricas que tendría su aprobación para el Patrimonio Cultural, Histórico y artístico, construido y financiado por la ciudadanía y las Instituciones públicas, que la Iglesia católica ha registrado irregularmente a su nombre a través del 206.1 de la LH de 1946, reconociendo de manera expresa su inconstitucionalidad sobrevenida y, en consecuencia, su derogación desde la entrada en vigor de la Constitución Española.

Carlos Armendáriz (Presidente Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro)

Miguel Santiago (Portavoz Plataforma Mezquita-Catedral: Patrimonio de tod@s)

Un comentario

  1. Esto también concierne a los bienes que inmobiliarias y políticos como otras personas se han inscrito a su favor bienes del estado y de otros particulares como ha hecho empresas como FERROVIAL, FCC, TROME, COLONIAL, RIOJANA DE FINCAS, SEMORSA, DUCH y otroas inmobiliarias y organizaciones o compañias con bienes de la SEGURIDAD DOCIAL.

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