L’escàndol de les immatriculacions

El pasado martes 25 de abril participé en un acto de Valencia Laica en torno a las inmatriculaciones perpetradas por la Iglesia Católica. Con unos participantes de verdadero lujo, todos ellos estudiosos de la materia, me quedé boquiabierto por la enorme dimensión de fenómeno.

Por Pep Lluís Grau* en laicismo.org

Las inmatriculaciones son un verdadero escándalo jurídico, pues se permite a la Iglesia apropiarse de bienes públicos, a pesar de tratarse a menudo de bienes de dominio público, es decir, de bienes que no pueden venderse, ni transferirse ni hipotecarse, y todo ello sin tener que demostrar ningún tipo de documento público de propiedad o registro catastral… Estamos hablando del 80% del patrimonio histórico de nuestro país, de más de 6.000 propiedades que, con una ley del PP de 1998 permitió que una entidad privada pasara a ser propietaria de unos bienes comunitarios de un valor incalculable, desde el punto de vista económico y patrimonial.

Pero es también un escándalo ciudadano, porque no ha tenido la repercusión que era de esperar en un país democrático y con una ciudadanía informada y madura. Como nos recordaba Antonio Manuel, jurista y activista experto en este tema de las inmatriculaciones, es inaudito que la respuesta ciudadana frente a este abuso sea casi inexistente. Y esto es una condición sine qua non: debemos conseguir una respuesta firme y global de la ciudadanía o lo tenemos todo perdido.

Un caso paradigmático de ese escándalo institucional es el de la Mezquita de Córdoba. Juan José Tamayo calificaba la trayectoria de la cúpula episcopal de Córdoba como ‘un largo viaje bandálico’, que culmina en 2010 con la apropiación del monumento patrimonio de la humanidad, cambiándole el nombre por el de ‘Santa Catedral de Córdoba’ y prohibiendo cualquiera tipo de culto ‘no católico’.

Miguel Santiago, estudioso de la trayectoria sufrida por la Mezquita de Córdoba, criticó la política rigorista de los obispos cordobeses, especialmente de Asenjo, que convierten el monumento en un auténtico negocio privado, con unos ingresos superiores a los 20.000 euros anuales. Tamayo al respecto habla de la mala fe de la jerarquía católica, que obviando los más elementales derechos humanos en su seno, muestran su interés estrictamente económico con esta política de apropiación y explotación económica.

Aquí, en nuestro país, no olvidemos la apropiación de monumentos emblemáticos y populares como el Miguelete en València o la Sagrada Familia en Castelló. También, la Concatedral de Segorbe, los Lluïsos en Vila-real o la iglesia de la Sangre en Vilafamés, entre otros muchos bienes comunitarios. ¿Hasta cuándo?

*Pep Lluís Grau es ex senador del PSOE i secretari de Cultura i Memòria Democràtica de l’Executiva del PSPV de Castelló.