Plataforma de Defensa del Patrimonio navarro Nafarroako Ondarearen Defentsarako plataforma
El Ayuntamiento de Huarte ha sido quien ha comenzado a mover los hilos para crear una fuerza común para resolver esta situación. Igual que hiciera en 2007 (cuando consiguió la adhesión de 117 ayuntamientos), ha enviado una propuesta a todos los consistorios con el fin de recabar apoyos para intentar desbloquear el avance en la recuperación de los bienes ya que ni la diócesis ha dado marcha atrás ni el Parlamento de Navarra ha contestado a las peticiones que planteó la Plataforma en 2007. En este contexto, la propuesta plantea: instar a los grupos parlamentarios y al Gobierno que se solicite la información de lo inmatriculado en Navarra; a la diócesis que dejen los 1.087 bienes inmatriculados en la misma situación que antes de 1998; que se presente un recuso de inconstitucionalidad del articulo 206 de la Ley Hipotecaria; que el Gobierno de Navarra ofrezca a los pueblos información sobre el origen y los derechos de su patrimonio público; y que el Gobierno informe sobre las inversiones realizadas en el patrimonio inmatriculado desde 1998. Los apoyos que recabe este acuerdo, serán dados a conocer al Gobierno y al Parlamento para que actúen en consecuencia.
el caso de huarte El Ayuntamiento de Huarte está decidido a iniciar un pleito con el arzobispado y, de hecho, ya ha habilitado una partida de 4.000 euros en los presupuestos para tal efecto. «Tenemos la certeza de que vamos a ganar, porque tenemos documentación que acredita que hace 180 años, el arzobispado y el pueblo firmaron un acuerdo en el que se explicita que la iglesia de Huarte es propiedad del pueblo. En 2003 la inmatricularon a su nombre por 3,49 euros pero ahora la vamos a recuperar», apuntó el alcalde Javier Basterra, quien añadió que hay que unirse porque hay pueblos que no tienen acceso a la documentación y les es más difícil demostrarlo. «Lo que ha hecho la iglesia no hay sociedad que lo aguante», concluyó Basterra, que compareció acompañado de Javier Zabala, alcalde de Leitza, Jesús Manuel Barea, concejal de Cascante, y Pedro Leoz, presidente de la Plataforma por el Patrimonio.
Diario de Noticias, 15/06/2010.
Los ayuntamientos navarros convocan a la asamblea en defensa del patrimonio en Burlada
La Plataforma aúna ya a 117 ayuntamientos del herrialde y ha extendido el llamamiento a los otros 155. Lo hizo en público ayer en una rueda de prensa y, previamente, lo canalizó en privado, mediante el envío de correos electrónicos. La asamblea que se celebrará el próximo día 26 parte de los mismos principios con los que se forjó esta iniciativa hace tres años. El objetivo primordial es conseguir que se declare inconstitucional la reforma de la Ley de Hipotecas que realizó en 1998 el Gobierno de José María Aznar y la restitución de esos bienes a los pueblos. Básicamente, lo que permitió esta modificación legal fue que la Iglesia registrara a su nombre propiedades sin supervisión, ni siquiera la de un notario. Según fuentes jurídicas, este privilegio contraviene los artículos 14 y 16 de la Constitución española, relativos a la libertad religiosa.
Cobertura institucional
El alcalde de Uharte, Javier Basterra, recuerda que el Arzobispado de Nafarroa empezó en ese año un registro masivo de inmuebles a su nombre. «En Nafarroa se han inmatriculado 1.087 bienes a nombre de la Iglesia en 12 años. Son cifras que dan respeto. Si hablamos en pesetas, son 80.000 millones de pesetas que han pasado de manos públicas a manos privadas de forma ignominiosa».
Para Basterra, «no cabe otro recurso que la lucha ciudadana» para recuperar el patrimonio público que ha sido expoliado y «revertir esta situación al estado anterior». Para ello, estos ayuntamientos han retado al Parlamento y al Gobierno de Nafarroa a que apoyen a sus entidades locales y defiendan el patrimonio público y vecinal frente a los intereses de la institución privada. «Aquí, cuando hay un desvío de un euro a un partido político, interviene enseguida la Cámara de Comptos. Estamos hablando de un escándalo de millones. Es el deber de las instituciones públicas aclarar esto», zanja Basterra.
Por el momento, estos ayuntamientos tienen claro que van a trabajar como un solo ente y que la Plataforma ofrecerá la cobertura necesaria a aquellos que no cuenten con los medios adecuados para exigir la devolución de su patrimonio. Pero habrá que esperar a la asamblea para saber qué nuevos pasos se van a dar a partir de ahora.
Aunque la inscripción masiva de propiedades a nombre de la iglesia comenzó a raíz de la modificación la Ley de Hacienda en 1998, los ayuntamientos defienden que el expolio se inició con la rúbrica de la propia ley dictada en 1946. Por ello, la Plataforma reclama la devolución de todos los bienes, los expoliados durante el franquismo y los inscritos tras la reforma, cuando José María Aznar dio más poderes a la Iglesia que los que tenía durante el nacionalcatolicismo.
La fe pasa a ser ley
La Iglesia puede poner a su nombre propiedades, sin necesidad de hacerlo público, ni emitir edictos y prácticamente sin trámites (ni siquiera el del notario). Basta con que el obispo «dé fe» de que ese bien es propiedad de la Iglesia.
¿Quién lo ordenó?
El responsable de que el Arzobispado comenzara a inmatricular en su nombre propiedades públicas fue el ex arzobispo de Iruñea Fernando Sebastián, que dio la orden incluso a espaldas de gran parte de la Curia, según denunció Jesús Lezaun.
El expolio, en datos
«Escándalo Monumental» es el título de un volumen que recoge, caso por caso, las 1.087 inscripciones de bienes públicos que ha realizado la Iglesia a su nombre desde 1998, hasta ser la mayor inmobiliaria navarra.
La Iglesia se ha apropiado de más de mil propiedades navarras en sólo doce años
En los últimos doce años, el afan por registrar a nombre de la Iglesia propiedades vecinales ha sido portentoso en Nafarroa. La Plataforma en Defensa del Patrimonio tiene controladas a día de hoy 1.087 apropiaciones «indebidas» de bienes públicos desde 1998. El grueso fundamental del patrimonio inmatriculado lo constituyen templos parroquiales (unos 651) y también ermitas (191), pero las propiedades no se limitan a templos o bienes relacionados por el culto. El Arzobispado ha inscrito a su nombre incluso frontones. En la lista elaborada por la plataforma hay además 42 casas, 26 locales comerciales, almacenes, garajes, etc. No sólo los camposantos (ocho en los últimos doce años) han pasado a engrosar los bienes de la Iglesia, sino que el Arzobispado se ha preocupado por otros campos y terrenos de valor más mundano: 107 fincas, 12 viñas, pinares, olivares, arbolados… Actualmente, la Plataforma indaga qué otros bienes se han inmatriculado desde que el bando franquista acabó con la República.
Gara, 15/06/2010.