Molesta rumorosidad

Por Julio Urdin Elizaga, miembro del Biltzar de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro

En la cuestión patrimonial cuenta, como no podía ser de otra manera, un tempus heredado del ayer-para-el-mañana, aun cuando el pasado-futuro tenga la necesidad de contar, por ende, con el presente de la acción, de la obra y de su creación. Todo patrimonio, por tanto, se mantiene como memoria actualizada, presente eterno en la expresión de Giedion, y debido a ello resulta imprescindible que la legislación se adelante a la contingencia de lo que pueda acontecer mediante políticas basadas fundamentalmente en una concepción, cualquiera que pueda ser, de índole pre y provisora.

La Iglesia, por su parte, como institución, así lo hace desde sus inicios, preservando para-sí fundamentalmente la interpretación que pueda darse de aquello que es considerado como un bien, mueble e inmueble, material e inmaterial, del acervo cultural. Lo hace desde el interior de una presunta linealidad temporal traída de la mano por la patrística fundamentada en la singularidad del momento creacional en espera de un resolutivo advenimiento final. Si todo lo que existe en el mundo es obra de Dios, naturaleza y artificio, sobra mentar esta cuestión tan mundana, por irrelevante, que constituye la problemática en torno a la inmatriculación dada su espiritual supeditación al Absoluto. Cuestión que habría de derivar in illo tempore en la más larga querella que históricamente se haya dado en el interior de la mencionada institución, Reforma y Contrarreforma incluidas, sobre la naturaleza humana o divina de sus pertenencias, entre partidarios y opositores a su aviesa acumulación; así como otrora en el plano estético teologal se diera aquella otra respecto de la legitimidad representacional entre iconodúlicos, partidarios de la presencia de imágenes de culto, e iconoclásticos, negadores de la misma. En definitiva, si la Iglesia católica hubiera optado por la vía franciscana, de defensa de la pobreza, e iconoclástica, de ausencia de representación, en este debate sobre la cuestión patrimonial tal vez nos hubiéramos ahorrado más de un problema y a buen seguro la discusión sería cuestión de otro muy diferente cantar.

Pero al no haber sido así, el debate sobre la patrimonialidad de sus terrenales posesiones desde entonces hasta el momento actual gira en torno a si para conseguirlas tuvo o no que hacer partícipe de ello al resto de la sociedad: poder y pueblo. E indudablemente así fue. Devotas posesiones heredadas del Antiguo Régimen que unas veces se encontraban en manos privadas, de la realeza, de la nobleza; otras en eclesiásticas, aunando en ocasiones con los anteriores su filiación; y del resto, las más numerosas por estar diseminadas en los núcleos poblacionales participadas por la comunidad cuya feligresía era de todas formas obligada a serlo. Y aún entonces, siendo todos hijos de Dios, cada cual no obstante luchaba por mantener la jurisdicción propia sobre sus terrenales pertenencias, viniendo a ser el caso del conjunto monumental, castillo-basílica e inconcluso Estudio General que el rey Carlos II iniciara en la villa de Uxue.

Así, sin ir más lejos, en el Libro del Obispado de Pamplona. Real Patronato de 1753, cuyo previo estudio debemos a Antonio Prada Santamaría, José Luis Sales Tirapu y José Ángel Garro Mújika, tras valorar el priorato en trescientos ducados de plata, se afirma: «…toca su presentación en todos los meses, predecente concurso y examen sinodal ante el Ordinario, al Rey Nuestro Señor por ser esta iglesia de su Real Patronato.» (folio 129 recto). Y esto en el postrero siglo XVIII, donde además de la mencionada aparecen bajo esta figura las de Roncesvalles, Barásoain, Caparroso, la basílica de Nuestra Señora del Puy de Estella, Funes, Larraga, Larraia, Muniáin de Guesalaz, Navasques, la capellanía real del Palacio de Olite, la parroquia de San Antonio Abad de Pamplona, así como la capellanía real fundada en la Santa Iglesia de esta ciudad, San Martín de Unx, Urzainki, Ustarroz, y, curiosamente la parroquia de Villafranca de Navarra donde es abad el obispo de Barbastro al serlo asimismo del monasterio de Monte Aragón. Una conexión, esta última, participada por las parroquias anteriormente mencionadas de Uxue, Larraga y Funes, hasta que primero Carlos II y posteriormente Juan II las incorporara a la Corona Real de Navarra.

Nadie niega que la Iglesia cuente con un patrimonio, pero sí que la riqueza patrimonial que ha conseguido acrecentar con la reciente adquisición mediante el irregular procedimiento inmatriculador sea legitíma e históricamente justificada. Apelo a que las diferentes corrientes historiográficas que se dan en nuestra tierra, con sus correspondientes e insignes representantes, profundicen en qué hay de cierto en ello. Soy de la opinión que en las cuestiones históricas lo único que debiera motivar es aquella categoría y valor relacionado con algo tan inhóspito en el mundo actual como es el servicio a la verdad o, al menos en su carencia, de la objetividad. Si bien, teniendo muy en cuenta esa rumorosidad, que a veces aparentemente le puede perjudicar y en otras tantas contrariamente beneficiarle, del en ocasiones molesto clamor popular funcionando a modo de sonido de fondo. Una insistente rumorosidad que episódicamente sale al encuentro del abuso de poder evidenciando el procedimiento acontecimental, como es el caso, por el que la Iglesia ha creído llegado el momento de resarcirse aplicando una desamortización invertida mediante la inmatriculación. Papel asignado recientemente a la sociedad civil asociada en plataformas de defensa del patrimonio como la nuestra. Lo que en modo alguno parece satisfacer a técnicos y políticos de un lado y otro de la subrepticia negociación mantenida por Gobierno y Arzobispado, como bien pudimos constatar recientemente en entrevista con la consejera de Cultura y Deportes del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, el director general de Cultura – Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía, y la directora del Servicio de Patrimonio Histórico, Susana Herreros. Y es que muy en el fondo también de las cuestiones patrimoniales debieran contar tanto el documento como la tradición. A la sombra de ambos conceptos la Historia no solamente puede ser inventariada sino hasta, e incluso, inventada. Por ello mismo insisto, que siendo propiedad del Rey, en ausencia de éste, lo es, consecuentemente, antes del pueblo que del obispo.