En rueda de prensa celebrada esta mañana en el espacio Plazara! de Iruñea, desde la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, hemos manifestado que asumimos la petición realizada por la Coordinadora Recuperando para que el problema de las Inmatriculaciones de la Iglesia esté sobre la mesa en el próximo debate de investidura. Así mismo hemos presentado medidas concretas para acometer esta tarea.
La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro/ Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma hace suyo el escrito de la Coordinadora Recuperando dirigido a los partidos políticos implicados en las negociaciones para acordar los términos de un futuro gobierno de coalición para hacerles llegar nuestras reivindicaciones.
Pedro Sánchez en su discurso de investidura de 4 de enero de 2020 manifestaba: “El Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia.“ Con esta referencia explícita venía a comprometer los programas electorales del PSOE (apartado 2.3.1.) y de Unidas Podemos (apartado 137) y del Programa del Gobierno de coalición (apartado 5.11).
Carmen Calvo, con ocasión de la publicación del listado de las inmatriculaciones realizadas con posterioridad a 1998, señaló que, cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepase, podía reclamar sus derechos, abandonan así a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litigasen en largos y costosos procesos judiciales la recuperación de sus bienes arrebatados. El Estado no ofrece una solución normativa y global al problema, tal como había prometido y, además, promoviendo 35.000 litigios ante los tribunales. De “realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados” nada de nada. Gobierno y jerarquía católica daban así carpetazo a la problemática de las inmatriculaciones.
Además, ese listado de inmatriculaciones resulta claramente insuficiente porque no permite identificar siquiera la gran mayoría de los bienes y solo abarca el período 1998-2015 cuando las inmatriculaciones realizadas con anterioridad son mucho más numerosas.
Es necesario disponer de las notas simples de todas las inmatriculaciones realizadas desde 1946 a 2015. La Subdirección General del Notariado y de los Registros dispone de ellas. Es una exigencia democrática de transparencia. Si Navarra consiguió obtener esas notas simples, ¿por qué no se puede en el resto del Estado?
Es necesario realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia y declarar la nulidad de las inmatriculaciones; defender y reafirmar el compromiso anteriormente adquirido de realizar las modificaciones legislativas para revertir las inmatriculaciones de la Iglesia.
Por otra parte, también es necesario retomar el paralizado anteproyecto de reforma de la Ley de Patrimonio Histórico 16/1985, para definir jurídicamente los bienes de dominio público e impedir por ley la privatización y venta de monumento catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC).
Si nuestros representantes públicos no han estado a la altura de sus responsabilidades, la coordinadora Recuperando y con ella la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro sí lo estarán.