Plataforma de Defensa del Patrimonio navarro Nafarroako Ondarearen Defentsarako plataforma
El presidente del Gobierno anunció “modificaciones legislativas para facilitar la recuperación de los bienes indebidamente inscritos”
Los colectivos ciudadanos piden la nulidad de todos los registros y el blindaje de los edificios y plazas de dominio público.
La coordinadora Recuperando, que agrupa a una veintena de colectivos ciudadanos de diez comunidades autónomas, exige al Gobierno que retire el recurso contra el Consejo de Transparencia y haga público el listado de inmatriculaciones de la Iglesia, en coherencia con el anuncio de investidura del presidente Pedro Sánchez. La organización patrimonialista considera incompatible anunciar en el Congreso la recuperación de los bienes indebidamente inmatriculados y mantener en la opacidad la identidad de los casi 35.000 inmuebles inscritos irregularmente por la Iglesia desde 1998.
Es preciso recordar que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictó una resolución obligando al Ministerio de Justicia a hacer público el listado de inmatriculaciones eclesiásticas y que el Ejecutivo, de forma incomprensible, presentó un recurso para impedirlo. El primer paso, por tanto, para demostrar que la voluntad de Pedro Sánchez es firme debe ser revelar la magnitud del patrimonio expoliado por los obispos al amparo de un subterfugio jurídico que les permitía inscribir bienes sin aportar títulos de propiedad.
En todo caso, Recuperando considera positivo que el presidente del Gobierno haya incluido en su discurso de investidura una referencia explícita a las inscripciones de la Iglesia y su propósito de promover las “modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido
indebidamente inmatriculados” por la jerarquía católica. La decisión de Pedro Sánchez representa un claro reconocimiento del intenso y largo trabajo impulsado por los colectivos ciudadanos en defensa del patrimonio público injustamente apropiado por los obispos.
Recuperando se muestra dispuesta a cooperar con el Gobierno en la búsqueda de soluciones factibles sobre la base de dos premisas básicas: la nulidad de todas las inscripciones por ser notoriamente inconstitucionales y la consideración de que los bienes de dominio público no son negociables. Los obispos han registrado a su nombre decenas de miles de inmuebles y fincas, entre ellas plazas, cementerios, locales, ermitas y monumentos pertenecientes al legado cultural inmemorial, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la Seo de Zaragoza.
Los colectivos patrimonialistas exigen que el listado incluya los bienes inmatriculados desde 1946, el año en que se promulgó la Ley Hipotecaria y su polémico artículo 206, y no únicamente desde 1998 como se ha efectuado. Además, estiman urgente limitar la capacidad eclesiástica para enajenar inmuebles inmatriculados hasta tanto no se resuelva el problema. La Iglesia está vendiendo a terceros decenas de bienes irregularmente inscritos, entre ellos muchas casas parroquiales de titularidad municipal, que ya difícilmente serán recuperables.