Recuperando lamenta la suspensión de la nueva Ley de Patrimonio e insta al Gobierno a reanudar su desarrollo

El ministro Iceta paró la norma y el colectivo patrimonialista propone un título específico sobre monumentos religiosos, que impida su privatización y los proteja como bienes de dominio público

La coordinadora Recuperando, que agrupa a más de 30 colectivos ciudadanos, lamenta la brusca suspensión de la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico, impulsada por el anterior ministro de Cultura y bloqueada por Miquel Iceta tras su toma de posesión. Recuperando considera que urge modificar la ya obsoleta norma de 1985 para desarrollar nuevos instrumentos de protección del inmenso legado cultural, gravemente amenazado tras la privatización masiva perpetrada en virtud de las inmatriculaciones eclesiásticas.

Los colectivos patrimonialistas creen que el anteproyecto ahora paralizado introducía algunos elementos positivos en interés de una mejor conservación del patrimonio histórico, pero, sobre todo, abría la puerta a un debate participado, que ya había concitado un aluvión de alegaciones y propuestas por parte de numerosas asociaciones ciudadanas, algunas de ellas integradas en Recuperando.

El texto contemplaba, por ejemplo, la creación de una nueva figura de protección para los Bienes de Interés Mundial (BIM), declarados por la Unesco, lo que permitiría un mayor control por parte del Gobierno central y la implantación de un patronato como órgano de gestión plural, que permitiría la corresponsabilidad de municipios, comunidades autónomas, universidades y colectivos ciudadanos. También incluía como novedad la prohibición expresa a la Iglesia de enajenar bienes de interés cultural a terceros y limitar su transmisión únicamente al Estado.

Recuperando presentó igualmente un pliego de alegaciones para mejorar e intensificar las medidas de protección de nuestro patrimonio histórico. Sobre la transmisión de bienes culturales abordada por el anteproyecto, la coordinadora ciudadana estima que no tiene sentido que el Estado pague por monumentos que ya son de dominio público. Para ordenar y reforzar la naturaleza demanial de toda esa ingente cantidad de bienes históricos, Recuperando propone la inclusión de un “título específico sobre patrimonio eclesiástico”, que determine sin confusión alguna su condición de dominio público. “Las administraciones serán responsables de su gestión, mantenimiento y conservación”, indica el documento de alegaciones presentado el pasado mes de julio. De hecho, recuerda Recuperando, el Estado ya hace frente a los gastos millonarios de restauración y conservación del patrimonio histórico privatizado por la Iglesia al amparo de las polémicas inmatriculaciones.

Ese nuevo ordenamiento jurídico no impedirá, en modo alguno, que los edificios religiosos mantengan el culto en idénticas condiciones que hasta ahora. Recoge el texto de Recuperando lo siguiente: “El Estado convendrá con las instituciones eclesiásticas el uso litúrgico” y establecerá “convenios para ceder la gestión cultural de forma exclusiva o compartida”, dependiendo de los casos. Para todo ello, propone la fundación de un consorcio público de gestión.

Las alegaciones de la coordinadora contemplan que “queden excluidas de las deducciones fiscales las donaciones que se realicen directamente a las instituciones eclesiásticas”, de forma que únicamente tengan eficacia cuando sea el Estado el receptor de los inmuebles. También pide que se restrinja la concesión del título de “Patrimonio cultural inmaterial” para evitar que “circos confesionales”, así como romerías o eventos “sin trascendencia histórica” o promovidos de forma “artificial” reciban una consideración normativa que no les corresponde.

El nuevo ministro de Cultura, Miquel Iceta, ordenó cancelar la tramitación del anteproyecto para revisarlo en profundidad. A pesar de que no ha detallado la razón que se esconde detrás del brusco parón, todo parece indicar que quiere evitar colisionar con las comunidades autónomas, algunas de las cuales ya han expresado su disconformidad por el excesivo “intervencionismo” del Gobierno central. La Iglesia católica también ha expresado públicamente su rechazo, sobre todo, por la creación de los patronatos para los BIM, que pondrían freno a la arbitrariedad con que hasta ahora están gestionando los obispos las catedrales y otros monumentos de especial valor universal, como la Giralda o la Mezquita de Córdoba.