Plataforma de Defensa del Patrimonio navarro Nafarroako Ondarearen Defentsarako plataforma
Colectivos ciudadanos se movilizarán el 10 de noviembre en más de 20 ciudades de todo el estado para denunciar los incumplimientos del Gobierno en materia de inmatriculaciones.
El candidato a la presidencia del Gobierno en su discurso de investidura se comprometió a realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados por la jerarquía católica. Era el texto recogido en el punto 5.11 del Acuerdo de Gobierno de coalición PSOE–Unidas Podemos. Representaba un claro reconocimiento del intenso trabajo impulsado por colectivos ciudadanos en defensa del patrimonio público. Parecía que algo podía cambiar.
Pero simultáneamente, los contactos opacos entre el Gobierno y la Jerarquía avanzaban en sentido contrario. Se retenía la información sobre los bienes inmatriculados.
La difusión del inventario de bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015 es un éxito sin paliativos de las organizaciones que se agrupaban en Recuperando; pero era un listado parcial (no incluye los bienes inmatriculados desde 1946 a 1998), no ofrece las notas simples, imprescindibles para identificar y conocer lo inmatriculado.
El Gobierno de coalición ha dado carpetazo a este monumental escándalo patrimonial en quebranto manifiesto de su compromiso electoral y programático con la ciudadanía; El Ejecutivo no parece dispuesto a anular las inmatriculaciones y abandona a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales. Esta renuncia gubernamental solo se puede explicar desde la cobardía histórica para frenar los seculares privilegios de la jerarquía católica.
Lejos de cumplir su promesa electoral, el Gobierno ha negociado en la más absoluta opacidad con los obispos la salida en falso de un problema de Estado que afecta gravemente a la legalidad constitucional y representa una amnistía registral para decenas de miles de fincas, plazas, cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos, que seguirán en manos de la Iglesia pese a no haber aportado pruebas documentales de propiedad.
Las inmatriculaciones son nulas de pleno derecho por contravenir la Constitución española. El Gobierno debe declarar la nulidad de todas aquellas inmatriculaciones realizadas al amparo del artículo 206 con una simple autocertificación eclesiástica. A partir de ahí, los obispos podrían inscribir, ya sin ventajas registrales, los bienes cuya pertenencia acrediten fehacientemente. Además, los bienes de especial relevancia cultural, como las catedrales de Pamplona y Tudela, Santa María la Real de Ujué deben ser adscritos al dominio público por pertenecer a toda la ciudadanía.
Si nuestros representantes públicos no han estado a la altura de su compromiso histórico, Recuperando y todas y cada una de las organizaciones que coordina sí lo estarán. Por ello, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro seguirá convocando movilizaciones para denunciar esta situación, para emplazar a las fuerzas políticas y al gobierno a que cumplan con sus compromisos adquiridos.
El próximo jueves, 10 de noviembre, partiendo a las 6 de la tarde de la capilla de San Fermín, en San Lorenzo, realizaremos un recorrido por San Nicolás, San Saturnino, Jesús y María terminando en la Catedral, visibilizando algunas de las inmatriculaciones más emblemáticas de nuestra ciudad. Llamamos a la ciudadanía a participar en esta convocatoria.
