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El colectivo pide la nulidad de todas las inscripciones eclesiásticas
Hay miles de bienes de dominio público no inventariados por el Estado 12 de septiembre de 2018. La coordinadora Recuperando, que agrupa a una veintena de colectivos de todo el Estado, pedirá una reunión urgente con el Ministerio de Justicia ante la inminencia de la publicación del listado de bienes inmatriculados irregularmente por la Iglesia Católica y la confusión creada en torno a aquellos inmuebles que supuestamente serán reclamados por el Estado.
Recuperando transmitirá al Ministerio de Justicia la necesidad de declarar nulas todas las inmatriculaciones, por tratarse de inscripciones efectuadas al amparo de un artículo claramente inconstitucional y arbitrario, tal como ha sentenciado recientemente el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. En la respuesta a una pregunta parlamentaria, el Ministerio de Justicia recuerda que todos los bienes de dominio público son “inalienables, imprescriptibles e inembargables” y que, por tanto, “queda prohibida” su “apropiación por parte de personas jurídicas privadas, entre las que se encuentra la Iglesia Católica”.
La coordinadora Recuperando valora la aclaración del Ministerio de Justicia y celebra su inicial intención de recuperar los bienes de dominio público pero alerta del grave riesgo de un cierre en falso del problema. En primer lugar, porque la clave está en determinar la naturaleza de bien de dominio público para todos aquellos pertenecientes al legado cultural y al uso común construidos y sostenidos históricamente por la comunidad y las instituciones. No únicamente, como podría tener la tentación la Dirección General del Patrimonio, de aquellos que estén inventariados por el Estado. Todos esos inmuebles públicos de naturaleza inmemorial nunca fueron inventariados en listado alguno ni accedieron al registro de la propiedad privada hasta la reforma de Aznar de 1998, precisamente por ser considerados bienes de dominio público eminente.
Y, en segundo lugar, porque existen miles de bienes inmatriculados irregularmente por la Iglesia Católica que, sin ser de dominio público, fueron inscritos sin garantías, de forma arbitraria y prevaliéndose de un subterfugio jurídico que atribuía al obispo funciones de fedatario público. Justamente, por esa razón, la totalidad de las inmatriculaciones deben ser declaradas nulas de pleno derecho, sin perjuicio de que la Iglesia pueda inscribir posteriormente aquellos bienes cuya propiedad pueda acreditar como cualquier ciudadano.
Recuperando espera, por tanto, poder aclarar todos estos extremos, así como la ampliación del alcance temporal del listado más allá de 1998, en una pronta reunión con el Ministerio de Justicia ahora que se afronta una fase decisiva para resolver el conflicto de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica.
La coordinadora estatal Recuperando está integrada por una veintena de colectivos ciudadanos, entre ellos la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, la Plataforma Mezquita Catedral de Córdoba, MHUEL, Europa Laica, Redes Cristianas, la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, AMAL, el Grupo de Inmatriculaciones de Asturias o la Plataforma Laicista de Jerez.