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Diario de Navarra
Critica que el Estado laico está primando al catolicismo
Que la Iglesia esté exenta de pagar el IVA, el impuesto de transmisiones, el de bienes inmuebles… y además reciba asignaciones a través del Impuesto sobre la Renta atenta contra los principios constitucionales, según recoge el doctor en Derecho Eclesiástico de la UPNA Alejandro Torres Gutiérrez en su libro «El régimen fiscal de las confesiones religiosas en España». En el estudio el experto subraya que España es un Estado aconfesional y que primar la religión católica frente al resto atenta contra la igualdad de los ciudadanos.
El objetivo del libro de Alejandro Torres era teórico. Quería comprobar si los principios de libertad religiosa y de igualdad de todos ante la ley que marcó la Constitución Española en 1978 habían tenido un desarrollo legal en el campo religioso. Y, según dijo, se encontró con una realidad contraria. Comprobó que en España, mientras la Carta Magna define una nación aconfesional, el Estado está asignando mensualmente a la Iglesia católica 1.812 millones de pesetas (10,89 millones de euros). Y añadió que los «ministros de culto» tienen privilegios fiscales de los que no disfruta ningún otro ciudadano, aunque todos sean iguales ante la ley.
«En España no todas las confesiones religiosas tienen el mismo trato. Hay ciudadanos de primera, segunda y tercera. Los primeros son los de la Iglesia Católica, que firmó un acuerdo de Asuntos Económicos en 1979 con el Estado; los segundos son los protestantes, judíos y musulmanes, que suscribieron un pacto en 1992; y los terceros son los seguidores del resto de confesiones, que no tienen ningún tipo de acuerdo con el Estado», explicó Alejandro Torres.
Millones sin impuestos
El doctor de la UPNA calculó que el especial régimen fiscal que disfruta la Iglesia Católica supone un coste para el erario público de «miles de millones de pesetas». Repasó las principales ventajas. La primera, la asignación tributaria a través del IRPF. «Más que asignación se le debería llamar dotación porque la Iglesia está recibiendo este año 1.812 millones de pesetas al mes (10,89 millones de euros) con independencia del número de cruces que marquen los contribuyentes, con las que no se llegaría ni de lejos a esa cantidad», apuntó Torres.
A ello añadió el IVA, «que supone cientos de millones que el fisco no recauda». Según el experto, además, la exención de este impuesto para la Iglesia no está autorizado por las directivas europeas. Tampoco le pareció normal que los sacerdotes no tengan que pagar el impuesto de bienes inmuebles ni el de transmisiones patrimoniales. Según dijo, por la misma razón también deberían quedar exentos los directores de periódicos, importantes para que sea posible otro derecho fundamental, el de libertad de información. «En los fundamentales no hay jerarquía», indicó.
Autofinanciación
Alejandro Torres consideró que el único argumento que sustenta estas ventajas fiscales es la inercia histórica. Y dijo que si nadie ha denunciado esta situación ha sido por política y por «lo caro que puede costar un recurso así contra la Iglesia».
A juicio del experto, el Estado debería superar las diferencias de trato a las distintas confesiones religiosas y equipararlas a las entidades sin ánimo de lucro. «La Iglesia se comprometió en 1979 a autofinanciarse, algo que no ha ocurrido», señaló Torres.
Y aunque Gescartera no entraba en su análisis, el doctor de la UPNA no pudo menos que mostrar su desacuerdo con que «un dinero que se aporta para el beneficio del derecho fundamental a la libertad religiosa se dedique a actividades especulativas».