Una banda de ladrones

Una «banda de ladrones»
Escribo lo que sigue desde el máximo respeto por los creyentes católicos de este país. Sin embargo,
dicho respeto no puede extenderse a las declaraciones de quienes dirigen la jerarquía de la Iglesia
católica española como las recientemente realizadas por D. Luis Argüello García, presidente de la
Conferencia Episcopal.
En esta ocasión (la situación, protagonizada por distintos miembros de la jerarquía católica, se
repite con frecuencia) nos sorprende calificando al Gobierno de una «banda de ladrones» y
rematando la acusación con un desafiante «a las pruebas me remito».
Resulta ser cierta aquella expresión del Siglo de Oro “cree el ladrón que todos son de su condición”.
Porque es difícil encontrar una afirmación que refleje mejor la actuación de la propia institución a
la que representa. Una institución que, gracias a un privilegio jurídico heredado del franquismo y
ampliado en 1998 por el Gobierno de José María Aznar, ha promovido la inmatriculación de más
de 100.000 bienes inmuebles desde 1946 mediante un procedimiento excepcional que le permitía
inscribir propiedades con la simple declaración escrita de un obispo; sin ningún otro tipo de
garantía.
Y, además, realizado con una opacidad difícilmente compatible con una sociedad democrática. Las
inmatriculaciones se hicieron sin publicidad efectiva, sin conocimiento de los pueblos, sin que los
vecinos pudieran defender sus derechos, sin informar a los ayuntamientos y, en no pocas
ocasiones, incluso sin que los propios párrocos conocieran que iglesias, ermitas, cementerios,
huertos, casas rectorales, fincas o monumentos históricos estaban siendo inscritos a nombre de la
diócesis correspondiente.
Solo muchos años después comenzó a descubrirse, casi por casualidad, la magnitud del problema.
Todavía hoy seguimos sin conocer exactamente qué bienes fueron inmatriculados. Diez años
después de que se eliminara ese privilegio registral, el Gobierno sigue sin publicar un inventario
completo que permita identificar todos esos bienes inscritos desde 1946.
Y ésta es una de las grandes vergüenzas de nuestra democracia, porque estamos hablando del
mayor proceso de apropiación patrimonial de la historia de España realizado por una entidad
privada. ¿Cómo puede repararse un problema cuya verdadera dimensión se sigue ocultando?
Pero hay otra paradoja todavía mayor.
Mientras la jerarquía católica cuestiona decisiones democráticas, critica leyes aprobadas por el
Parlamento, y lanza descalificaciones contra el Gobierno, el propio Gobierno continúa
comportándose con una sorprendente docilidad. Parece empeñado en poner siempre la otra
mejilla.
Y es ciego a algo que las novelas policiales nos muestran muy bien: los chantajistas nunca quedan
satisfechos. Cada concesión abre la puerta a una nueva exigencia. Son insaciables. Con los
privilegios ocurre exactamente lo mismo. Uno se acostumbra a ellos de tal manera que termina
creyendo que son derechos.
Quizá haya llegado el momento de formularse algunas preguntas muy sencillas.
¿Para cuándo la autofinanciación de la Iglesia católica prevista en los propios Acuerdos entre
España y la Santa Sede, de manera que deje de ser sostenida por todos los ciudadanos, sean o no
creyentes?
¿Cuándo conoceremos con detalle la totalidad de los más de 100.000 bienes inmatriculados para
que cualquier ciudadano pueda identificarlos?
¿Cuándo se devolverán a los pueblos aquellos bienes que los propios pueblos construyeron,
conservaron y restauraron durante siglos, con dinero público?
Y, sobre todo, ¿cuándo comprenderá este Gobierno que las cesiones permanentes frente a quienes
consideran los privilegios como un derecho adquirido nunca producen moderación?
Tal vez haya llegado el momento de abandonar la política de la complacencia y aplicar, por fin, con
todas sus consecuencias el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado. No por
enfrentarse a la Iglesia ni, mucho menos, a los creyentes, sino por algo mucho más sencillo: porque
en una democracia nadie debería disfrutar de unos privilegios que el resto de los ciudadanos jamás
tendría.
José María Rosell Tous
Coordinadora RECUPERANDO
10 de septiembre de 2026