Una plataforma pide a los Ayuntamientos navarros que impidan la privatización de las iglesias

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DIARIODENAVARRA* : La «Plataforma en Defensa del Patrimonio de Navarra» insta a los Ayuntamientos navarros a iniciar los procedimientos legales oportunos para impedir la privatización de los edificios y bienes de uso religioso de sus localidades, así como de cualquier patrimonio que esté en situación similar. Esta solicitud se recoge en una instancia dirigida a todos los Ayuntamientos y Concejos y que ya ha sido aprobada en poblaciones como Burlada, Alsasua, Pueyo, Berriozar o Uharte, según informa hoy dicha plataforma en un comunicado.

En esa instancia propone también que procedan a «inmatricular, de acuerdo con la Ley Hipotecaria, como bienes públicos y a nombre del Ayuntamiento, los edificios, ermitas, cementerios, casas y demás propiedades públicas que todavía estén sin registrar, y que sean susceptibles de ser privatizados por la Iglesia».

La Plataforma, creada recientemente, considera necesario que todos los ayuntamientos se pregunten de quién son las iglesias, ermitas, cementerios, retablos, atrios o casas curales «si no quieren verse desposeídos de su patrimonio histórico».

En este sentido señala que «la Iglesia Católica estaba llevando una formidable y discretísima campaña de inscripción en el Registro de la Propiedad de todas las iglesias de Navarra, acogiéndose a los artículos 206 y 207 de la Ley Hipotecaria y aprovechándose de la supresión, en 1998, del artículo 5 del Reglamento Hipotecario que impedía expresamente el registro de los lugares de culto».

Para la Plataforma esto es un «escándalo monumental, sin duda la mayor privatización realizada en toda la Historia de Navarra».

Según denuncia, la Iglesia Católica acogiéndose a esa vía excepcional y con un «coste irrisorio (20-30 euros) está inscribiendo a su nombre bienes que pertenecen a los pueblos (más de mil inmuebles), de valor incalculable, siguiendo un procedimiento que no conlleva publicidad alguna y obteniendo de ese modo la privatización de esos bienes públicos, sin el conocimiento de la población, ni de sus representantes públicos».

La Plataforma apunta además que el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que «da a la Iglesia el privilegio (así lo califican algunas sentencias) de inscribir mediante la propia certificación del Diocesano», está «bajo harta sospecha de anticonstitucionalidad»

Subraya asimismo que en general estos edificios fueron construidos y amueblados por los pueblos y que su utilidad no era únicamente religiosa. En este sentido apunta que todavía hoy «son constantes las obras que se realizan en muchos de estos edificios, mayormente a costa de los fondos públicos».

En su opinión, los recientes casos de la comarca del pantano de Itoiz, (indemnizaciones millonarias a la Iglesia); la implantación de tarifas para la celebración de conciertos y actos culturales (Tafalla, Olite, Estella); la venta de objetos de arte o las enajenaciones de edificios son ejemplos que «demuestran que la inmatriculación de estos bienes está teniendo repercusiones inmediatas».

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