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Las inmatriculaciones de la Iglesia han provocado que SE INVIERTA LA CARGA DE LA PRUEBA. Ahora son los ayuntamientos y los ciudadanos quienes deben probar lo que es suyo
Fuente: Recuperando.es
La carga de la prueba recae sobre quien reclama un derecho. Sin embargo, en el Estado español, la Iglesia Católica ha disfrutado de un privilegio sin precedentes que ha permitido invertir esta lógica fundamental. Gracias a las inmatriculaciones basadas en una simple certificación eclesiástica, ahora son los ayuntamientos y los ciudadanos quienes deben probar lo que es suyo.
- Un monte, que tradicionalmente era de uso comunal, incluso inventariado como tal, es inscrito en el registro de la propiedad a nombre la la Iglesia …
- Una plaza, que siempre había sido de uso público, se cierra con llave y la iglesia la inscribe como suya …
- Una ermita construida y siempre cuidada por los vecinos, que realizaban junto a ella las romerías …
- Un cementerio, construido y cuidado por los vecinos, que han convertido en toda una muestra floral …
- Un local social, construido por las comunidades vecinales y utilizado como centro social por las mismas … / …
Ahora son los vecinos, ayuntamiento o Comunidad quienes deben de probar que es suyo.
Son todos casos en los que no existe título escrito de propiedad. Pero el bien ya ha sido inmatriculado a nombre de la Iglesia mediante una simple certificación eclesiástica.
La historia, los relatos vecinales, las facturas de pago del mantenimiento o del agua y la luz no se tienen en cuenta como elementos probatorios.
El resultado de este abuso de poder es una inversión grotesca de la carga de la prueba. En lugar de exigir a la Iglesia que demuestre la legitimidad de su propiedad, antes de poder inscribirla a su nombre, ahora son los ayuntamientos y los ciudadanos quienes deben probar que los bienes que consideraban parte de su patrimonio común son realmente suyos.