Por Ana Ibarra Fuente: Diario de Noticias
El Gobierno de Madrid ha entregado a la federación de municipios españoles el listado de los cerca de mil inmuebles que figuraban a nombre de la Iglesia y que ahora reconoce que no son suyos.
Un fiasco teniendo en cuenta que de los casi 35.000 bienes inmatriculados gracias a la ley Aznar entre 1998 y 2015 aparecen un millar que presuntamente iban a ser devueltos por la Iglesia, bienes como iglesias, ermitas, viviendas, cementerios y terrenos que no le pertenecían. Pero no ha sido así.
No se entona ningún mea culpa ni hay intención de devolver nada. Lo que se viene es a legitimar lo que se había registrado y reconocer que el resto está vendido. Al menos es lo que se ha constatado en Navarra con las 74 propiedades que figuran en el listado-trama. La mayoría, al menos 50, no son de la Iglesia porque ya se han vendido (otras se han donado o expropiado). Eso pese a que en los registros de la propiedad que obran en poder del Parlamento de Navarra los 50 bienes seguían perteneciendo a la Iglesia a finales de 2021. ¿Quiere decir ésto que la Iglesia hizo negocio con bienes que fueron de dominio público y, además, ni siquiera se han formalizado las ventas para identificar a los nuevos propietarios?
A mí todo esto me suena muy raro. Da la impresión de la que la Iglesia se va a salir de rositas de todo este oscuro proceso con la complicidad de todos los gobiernos estatales (PP y PSOE). Cómo explicar si no que la Iglesia lograra inscribir bajo manga, por ejemplo, la mezquita de Córdoba en 2006, un bien considerado de dominio público que carecía de inscripción registral pero que ningún cordobés duda que no era suya.
¿Es todo este listado que ahora aparece un apaño como dice la plataforma Recuperando para legalizar la apropiación de otros 999.000 bienes inmatriculados por los obispos a su nombre? ¿Es una manera de desviar la atención ante lo que más parece como una amnistía registral que evita la reforma legislativa que se había pedido al Gobierno para revertir las inmatriculaciones?
Navarra ha conseguido obtener toda la información de cada uno de los 2.952 bienes inmatriculados a lo largo de la historia por parte de la Iglesia, 956 en el periodo de 1998 a 2015. La ermita de Muskilda en Otsagabia o la de Ujué son dos ejemplos de la batalla judicial que han emprendido muchos ayuntamientos por recuperar su patrimonio, el primero dispuesto a llegar hasta el Supremo. A la ermita le acompañaron la casa del párroco y varios terrenos de cultivo, todos ellos situados en terreno comunal. Otsagabia tiene documentación que acredita que la ermita es propiedad del pueblo y su mantenimiento durante años a través de un patronato. Pero no todos los ayuntamientos lo van a tener tan fácil para demostrar documentalmente lo que les corresponde.
En todo caso lo que más sorprende es la codicia que ha demostrado la iglesia o, como señala la Plataforma por la Defensa del Patrimonio de Navarra, quizás su exhibición de poder ya que en realidad muchos de esos edificios están en ruina y muchos templos vacíos.