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Los vecinos recurrirán la sentencia que acaba de dar la razón al Obispado pese a haber presentado decenas de documentos que acreditan que el inmueble fue levantado y mantenido durante décadas con el esfuerzo y el dinero del pueblo.
Fuente: Aristóteles Moreno (@ARISTOTELESMV) en Público
Ni siquiera el Obispado de Almería discute que el salón social de Topares fue construido en 1958 por los vecinos. En aquellos años, la España rural era un mundo aparte. Miles de pueblos vivían en completo aislamiento, sumidos en la absoluta precariedad y sin apenas vida social.
Topares era una diminuta pedanía de Vélez Blanco, ubicada en el extremo noroccidental de Almería, al borde de la provincia de Murcia. Aparte de penuria y cultivos de secano, en el pueblo no había ni un mísero bar en el que tomarse un café. Justo por eso los vecinos decidieron construir con sus propias manos un salón social donde poder practicar la actividad más antigua del mundo: conversar.
Cada cual puso lo que tenía. Unos aportaron dinero y otros echaron peonadas gratis para levantar, piedra a piedra, lo que ha sido el corazón del pueblo en los últimos 65 años. El padre de Alfonso Serrano prestó su tractor y transportó cemento y material de obra. Así figura documentalmente en el testimonio que fue presentado ante el juez de Vélez Rubio el pasado 18 de noviembre.
«Cada vecino ponía lo que podía. Lo sé por mi padre y por mi abuelo. Y también sé que el Obispado no puso ni un duro», asegura Serrano, presidente hoy de la Hermandad de Ánimas. El de su padre no fue el único testimonio en el juicio. Al menos, una docena de vecinos certificaron judicialmente haber colaborado de forma activa en la construcción del local a finales de los cincuenta.
Las obras fueron coordinadas por la Hermandad de Ánimas, la única entidad ciudadana que vertebra la vida de Topares desde hace nada menos que 130 años. La Hermandad edificó el salón social en 1958 y cinco años más tarde, en 1963, amplió el inmueble para abrir el teleclub, que era la moda del momento en los sesenta.
Todo eso está acreditado en el juicio de noviembre. Los vecinos, a través de su abogado, Ricardo Martínez, aportaron decenas de documentos, albaranes y contratos que demuestran que era la Hermandad de Ánimas quien facturaba las actividades que se han celebrado en el salón social desde que abrió sus puertas a finales de los cincuenta.
Así lo atestigua, por ejemplo, el hostelero restaurador José Víctor Martínez, que asegura haber organizado entre los años 1961 y 1963 eventos y celebraciones en el centro vecinal de Topares. El alquiler del local, según confirmó el empresario por escrito ante el juez, lo formalizó ante la Hermandad de Ánimas a «título de propietaria».
Los testimonios presentados por los vecinos en sede judicial son abrumadores. Todos los alcaldes pedáneos desde el año 1976 firmaron una declaración conjunta que se incluyó entre las pruebas documentales. «Manifestamos formal y solemnemente que nos consta sobradamente que, por parte de los vecinos del pueblo de Topares, integrados en la Hermandad de Ánimas, fueron construidos a su costa en terrenos cuya propiedad fue cedida por el pueblo durante los años 1958 y 1966, y los locales destinados a salón de reuniones».
Todos los alcaldes pedáneos desde el año 1976 firmaron una declaración conjunta ue se incluyó entre las pruebas
Y agregan: «Desde su construcción han venido siendo poseídos como propietaria por la citada Hermandad (…), que se ha encargado con carácter exclusivo de su mantenimiento, reformas, ampliaciones y de todas las decisiones sobre su explotación».
El centro social volvió a ser ampliado en 2002. Fue entonces cuando se habilitó el bar. La obra fue impulsada y ejecutada nuevamente por la Hermandad de Ánimas, en nombre de todos los vecinos de Topares.
Un documento firmado por medio centenar de topareños da fe de ello. «Los abajo firmantes participaron en la reforma y ampliación del centro social (…) con la aportación ya sea de mano de obra, maquinaria, capital o entrega de materiales». Una empresa de la Puebla de Don Fadrique suministró materiales de obra, tal como lo certifica su gerente, Víctor García, en una factura aportada a la causa.
Hasta el antiguo párroco del pueblo, Juan García, testificó a favor de los vecinos, y así está recogido en la documentación presentada por el abogado Ricardo Martínez. El cura llegó en 1963, el año en el que se reformó el inmueble, y asegura que todo el proyecto corrió a cargo de la Hermandad de Ánimas.
Él mismo cedió su coche para recoger en Almería una televisión y los juegos de mesa que el Ministerio de Información y Turismo entregó al nuevo teleclub de Topares que estaba a punto de abrirse.
El Obispado no aportó ni un solo documento probatorio
El Obispado de Almería no aportó ni un solo documento probatorio. El único papel que presentó ante el juez fue la inmatriculación del inmueble. Es decir, la autocertificación expedida por el propio obispo el 3 de abril de 2014, gracias a un privilegio hipotecario franquista que le permitía inscribir bienes a su nombre sin aportar ningún título escrito de propiedad. Y eso es lo que hizo el prelado, nada menos que 58 años después de la construcción del salón social por los vecinos.
«El Obispado no impugnó ninguna de las testificales que presentamos», asegura el letrado de la Hermandad de Ánimas. Lo que implícitamente representa un reconocimiento inequívoco de que el salón social fue levantado por el pueblo con sus propios recursos.
La Iglesia católica, de hecho, no lo niega. Pero aduce que lo hizo en calidad de feligreses. Así lo argumentó en el juicio de noviembre. «Los vecinos de Topares financiaron la construcción de los edificios parroquiales sobre terrenos de la Iglesia, de forma altruista y motivados por su fe, como a lo largo de la historia han hecho y siguen haciendo tantos católicos en todas partes del mundo», señaló por escrito.
«El Obispado no impugnó ninguna de las testificales que presentamos»
Esa es la tesis que la jerarquía católica sostiene sistemáticamente en las decenas de miles de inmatriculaciones practicadas a lo largo de la geografía española.
Según esa tesis, los templos, los cementerios o los salones sociales de cientos de pueblos han sido construidos por los vecinos, con su esfuerzo y sus recursos económicos, pero lo han hecho como «colaboradores cristianos» de forma voluntaria y desprendida a sabiendas de que todo ese inmenso patrimonio inmobiliario era propiedad del obispo. Aunque el jerarca católico, eso sí, no haya puesto un euro. Así sucedió en Topares y también en miles de localidades de toda España.
En este caso, el Obispado de Almería también esgrime otras dos razones para neutralizar los argumentos del pueblo. Por un lado, el prelado no reconoce a la Hermandad de Ánimascomo asociación canónica ni jurídicamente constituida, ni tampoco como sucesora de la organización del mismo nombre fundada en 1893. Y, segundo, el salón social fue construido sobre un cementerio parroquial y, por lo tanto, propiedad de la Iglesia católica.
Con respecto al viejo camposanto, los vecinos aseguran que también fue edificado y mantenido por el pueblo durante décadas. Y la mejor prueba que lo demuestra, asegura Ricardo Martínez, es que el Obispado guardó silencio cuando en 1958 los vecinos desenterraron los cadáveres para erigir el salón social. «¿Tú vas a permitir levantar un cementerio para construir un local y no dices nada si es tuyo?», se pregunta el abogado.
Todas las pruebas aportadas por los vecinos en el juicio de noviembre cayeron en saco roto. El juez no reconoció ninguna. La sentencia, con fecha de 11 de diciembre de 2023, asegura que la Hermandad de Ánimas no pudo acreditar que hubiese «adquirido el dominio» del inmueble ni que lo hubiera ostentado «en concepto de dueño, pública, pacífica e ininterrumpidamente».
El fallo cayó como un jarro de agua fría en Topares. «El juez no consideró absolutamente nada«, lamenta el abogado Ricardo Martínez. «Y aportamos mucha documentación, mientras que el Obispado no presentó ni un papel».
La Hermandad jugó la carta de la usucapión, es decir, la posesión pacífica e ininterrumpida de un inmueble durante más de 30 años. Tampoco fue estimada por el juez. Todas las pruebas que lo avalan, materiales y testificales, fueron desatendidas.
La mera palabra del obispo ante el registro de la propiedad pesó más que todo el aluvión de testimonios, albaranes y contratos esgrimidos por los vecinos. «No puede decir ahora el juez que no hemos podido demostrar que el salón social es nuestro», se queja Alfonso Serrano. «El único que no ha presentado nada ni ha podido acreditar que se ha gastado ni cinco pesetas ha sido el obispo».
Pese al revés judicial, el pueblo de Topares ya prepara el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Almería. «Intentaremos hacer valer nuestros derechos», anuncia Ricardo Martínez.
Dos años y medio de hostilidades
Esta es la primera batalla de una guerra que ya cumple dos años y medio de hostilidades. Fue en verano de 2021 cuando el pueblo tuvo conocimiento de que el salón social había sido inmatriculado de forma unilateral a nombre del obispo. El párroco se dirigió al presidente de la Hermandad para pedirle las llaves. «¿Las llaves por qué?», le preguntó sorprendido Alfonso Serrano. «Porque el salón parroquial es del Obispado», le respondió secamente el entonces cura.
Fue en 2021 cuando el pueblo tuvo conocimiento de que el salón social había sido inmatriculado a nombre del obispo
Desde entonces, las relaciones entre la jerarquía católica y el pueblo se deterioraron gravemente. Tanto que los topareños se negaron a ir a misa de don Miguel y prefirieron alquilar un autobús para desplazarse cada domingo a la iglesia de El Moralejo, situada a 15 kilómetros de distancia, ya en la provincia de Murcia.
Todas las negociaciones con el Obispado, a través del vicario general, fracasaron. El prelado les ofreció una cesión temporal por 50 años o la venta del inmueble por 30.089,92 euros, céntimos incluidos. La propuesta indignó a los vecinos. No estaban dispuestos a pagar ni un euro por un edificio que construyeron sus antepasados y habían ampliado, mantenido y gestionado a título de dueño durante 65 años.
La primera victoria parcial la consiguieron el verano pasado. En julio de 2023, el Obispado anunció el traslado del párroco. Los vecinos no disimularon su satisfacción. Las relaciones con el anterior cura estaban absolutamente rotas. Sobre todo, después de que don Miguel hubiera recurrido a la Guardia Civil en enero de 2022 para desalojar a los vecinos del templo.
El nuevo cura apenas lleva tres semanas y el clima ha cambiado radicalmente. «La gente ha vuelto a misa», señala Ricardo Martínez. «Hemos pintado la iglesia y la hemos limpiado, después de más de un año sin entrar. Es nuestra iglesia», agrega.
Mientras el procedimiento judicial sigue su curso, los vecinos mantienen la posesión del salón social y Sonia Fernández, la peluquera, peina cada fin de semana a las mujeres del pueblo en uno de los dos locales comerciales construidos por los vecinos. «Llevo aquí desde 2009. Estoy prestando un servicio a la gente y pago una cuota anual a la Hermandad».
Hace poco más de un año recibió un burofax del Obispado para advertirle de que el inmueble era de su propiedad. «No lo entiendo. Esto lo hemos construido y gestionado siempre el pueblo. El obispo no ha puesto nunca un euro aquí ni se ha preocupado jamás por el salón social».
Pero los vientos han cambiado. Y ahora el prelado tiene en su cajón un simple papel que certifica que el edificio es suyo. «En Topares no hay más sitio donde juntarse por las tardes», explica Pedro Pérez-Hita, alcalde pedáneo de la localidad almeriense.
«Aquí jugamos al dominó, al parchís y a las damas. Aquí hacemos las fiestas de cumpleaños, las bodas y las comuniones. Sin este salón, este pueblo no hubiera tenido Navidad», protesta. «Es el alma de esta aldea. Sin él, estamos listos en cuatro días». Justo por eso Topares no se rinde. Y está decidido a dar la batalla en los juzgados hasta las últimas consecuencias.