Piden al Parlamento navarro ayuda para recuperar bienes usurpados por la Iglesia

Los alcaldes de Uharte y Leitza, Javier Basterra y Xabier Zabalo, respectivamente, comparecieron ayer en el Parlamento de Nafarroa para pedir a los grupos que se impliquen en la recuperación de los bienes patrimoniales inmatriculados por la Iglesia católica. Junto a ellos estuvo Alejandro Torres, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la UPNA, quien explicó que las leyes invocadas por el Arzobispado para apropiarse de estos bienes son además contrarias a la Constitución española.

Su comparecencia en el Parlamento la hicieron en nombre de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro pero, como la sesión estuvo cerrada a los medios de comunicación, seguidamente ofrecieron una rueda de prensa junto con Maiorga Ramírez, portavoz de NaBai en la Comisión de Economía y Hacienda.

«Nosotros tenemos la obligación de proteger los bienes públicos de los ataques, vengan de donde vengan, y en este caso vienen de la Iglesia», afirmó Ramírez.
Javier Basterra (EA) y Xabier Zabalo (izquierda abertzale) recordaron a continuación que la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro ya ha comparecido en el Parlamento en dos ocasiones (abril y junio de 2008) para pedir información sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia y solicitar ayuda para que los pueblos puedan recuperarlos.

De las siete peticiones hechas en la primera comparecencia, sólo una de ellas fue contestada, pero permitió conocer con detalle que entre 1998 y 2007 el Arzobispado inmatriculó en los registros de la propiedad de Nafarroa un total de 1.087 bienes públicos, incluidos muchos de carácter no religioso.
En la segunda comparecencia pidieron al Parlamento que requiriese al Ministerio de Justicia la relación de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946, año en el que se aprobó la Ley Hipotecaria, hasta 1998.

«Hicimos esta petición hace más de dos años y tampoco hemos tenido respuesta», expusieron Basterra y Zabalo. También constataron el «malestar» que hay en muchos pueblos por estas apropiaciones y denunciaron que a los integrantes de esta plataforma «se nos quiere amedrentar con acusaciones de rojos, ateos, matacuras, quemaconventos y otras lindezas que en un pasado reciente eran suficientes para eliminar física y políticamente al señalado, y hoy esperemos que sólo sean insultos antidemocráticos».

«Es inconstitucional»

Una de las peticiones que hicieron en la comparecencia de ayer fue que los grupos parlamentarios planteen el estudio de las vías procesales oportunas para invocar la inconstitucionalidad del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, una ley franquista que, en teoría, debería haber quedado abolida tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

El profesor Alejandro Torres explicó de forma detallada los argumentos sobre esta inconstitucionalidad. Entre otras cosas, recordó que durante la dictadura la Iglesia se beneficiaba de que el Estado español era «confesional», pero dejó claro que la actual Constitución establece que «ninguna confesión tendrá carácter estatal».

«Eso significa que la Iglesia no tiene carácter de corporación de derecho público, sino que es un ente privado y no puede equipararse a las entidades públicas», resumió el catedrático.

Gara, 09/10/2010

La Plataforma de Defensa del Patrimonio considera «inconstitucional» que la Iglesia haya inmatriculado 1.087 bienes

Una representación de esta asociación ha comparecido, a petición de Nafarroa Bai, en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento foral. La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro considera «inconstitucional» que la Iglesia haya inscrito a su nombre desde 1998 un total de 1.087 bienes en el Registro de la Propiedad de Navarra, entre parroquias, ermitas, basílicas, viviendas, casas y diversos locales.

Una representación de la plataforma ha comparecido, a petición de Nafarroa Bai, en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Navarra para dar cuenta de su actividad, tras haberse constituido en un grupo de 122 ayuntamientos y concejos en contra de la iniciativa de la Diócesis de registrar a su nombre inmuebles en diversas localidades navarras.

Tras informar a los parlamentarios, han comparecido en rueda de prensa el alcalde de Huarte, Javier Basterra; el alcalde de Leitza, Javier Zabalo, y el catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado Alejandro Torres.

Javier Basterra ha afirmado que la Iglesia está actuando de forma «indebida» en la inmatriculación de bienes y ha subrayado que, una vez el Parlamento de Navarra ya tiene conocimiento «oficial» del listado de registros, debe actuar para «volver a la situación anterior».

Por su parte, Alejandro Torres ha dado cuenta de los argumentos jurídicos que sostiene la plataforma contra estas inmatriculaciones y ha considerado que se basan en la «inconstitucionalidad» de dos artículos de la ley hipotecaria, que «permiten a los obispos inscribir por primera vez bienes en el Registro de la Propiedad a partir de certificaciones emitidas unilateralmente» por la propia Iglesia.

Alejandro Torres ha afirmado que la Constitución establece que ninguna confesión tiene carácter estatal y ha indicado que «no cabe equiparar a la Iglesia católica como una corporación de derecho público». El catedrático ha argumentado que, «si ninguna confesión tiene carácter estatal, lo que no puede ocurrir es que determinados particulares, los diocesanos, los obispos católicos, solamente los católicos», puedan tener funciones que son propias del Estado para emitir certificados que permitan la inmatriculación de bienes.

Alejandro Torres ha indicado que esto no es un problema de «prejuicios ideológicos o de anticlericalismo», ha indicado que se trata de un tema exclusivamente legal.

El catedrático de la UPNA ha afirmado que «es necesario que los poderes públicos sean conscientes de este problema» y ha explicado que existirían dos vías para «resolverlo», por un lado, el recurso a la justicia, y por otro, la modificación de la ley hipotecaria.

Preguntados sobre si la plataforma tiene previsto recurrir a los tribunales esta situación, el alcalde de Huarte ha explicado que en el caso de esta localidad el asunto ya está en manos de un abogado, puesto que cuentan con documentación que atribuiría los bienes al municipio.

No obstante, ha destacado la dificultad que tienen otros ayuntamientos para obtener documentos que permitan revertir judicialmente las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia, puesto que existen inmuebles con cientos de años de historia y ello dificulta la conservación de documentos.

Diario de Navarra, 09/10/2010.

Plataforma por el Patrimonio aboga por pleitear una a una las escrituraciones de la Iglesia

La Plataforma por la Defensa del Patrimonio ha recabado ya la adhesión de 122 localidades navarras (municipios y concejos), y sus representantes acudieron ayer al Parlamento de Navarra para que el legislativo y el ejecutivo foral insten al Arzobispado a devolver los 1.087 bienes inmuebles que ha escriturado a su nombre desde 1998. El alcalde de Huarte, Javier Basterra (NaBai), el de Leitza, Jabier Zabalo (ANV) y el catedrático de Derecho Eclesiástico de la UPNA, Alejandro Torres, acudieron invitados por NaBai ayer al Parlamento, donde explicaron que «hay que atacar judicialmente, pleiteando una a una contra todas las inmatriculaciones de la Iglesia católica», y en este sentido Huarte puede ser el primer municipio que acuda a los tribunales para reclamar la devolución de la parroquia de San Juan. «Nosotros tenemos un documento del siglo XIX en el que la Iglesia acepta que el templo es del pueblo, pero otras localidades no tienen pruebas de este tipo», explica Basterra.

Tal y como explicó la Plataforma ayer en el Parlamento, los 1.087 bienes inmatriculados por la Iglesia desde el cambio de la Ley Hipotecaria en 1998 afectan a 242 localidades navarras, pero sólo 64 de ellas se han adherido al colectivo que exige la reversión de estas propiedades. De este modo, nada menos que 178 localidades que han sufrido este problema siguen sin adherirse a la Plataforma, entre ellas Pamplona, donde el Arzobispo ha escriturado la Catedral y la iglesia de San Lorenzo, entre otros templos. Por otro lado, hay 58 pueblos todavía no afectados pero que sí han sellado su entrada en la Plataforma.

al constitucional, difícil Sobre la posibilidad de presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, el catedrático Alejandro Torres advierte de que «es un camino largo, costoso y muy prolongado en el tiempo», pero ve más factible que en alguno de los pleitos individuales «algún juez plantee duda de constitucionalidad contra los artículos 206 y 304 de la Ley Hipotecaria, que equiparan a los diocesanos con funcionarios públicos, algo propio de un Estado confesional como fue el franquista». Torres contempla también la acción política encaminada a eliminar en el Congreso de los Diputados los artículos «inconstitucionales», aunque esta vía difícilmente sería retroactiva.