Piénselo Monseñor

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Josemari Esparza Zabalegi

Ha pasado ya unos meses desde que saltó la primera denuncia de la insólita inscripción en el Registro de la Propiedad a nombre de la Diócesis, de cientos de edificios religiosos, locales y solares que durante siglos fueron bienes públicos de los pueblos de Navarra, por ser éstos, por medio de sus representantes, los que en su día decidieron su edificación, contrataron y pagaron las obras, y los que sostuvieron el padronazgo de los mismos, a costa de las arcas municipales y el auzalan.

Hasta ahora, la única razón esgrimida por la Iglesia para justificar este proceder se basa en “una tradición histórica indiscutible, a favor del derecho de propiedad de la Iglesia católica sobre los templos y lugares de culto”, lo cual es absolutamente falso. Ellos mismos saben de sobra que los archivos de Navarra y la misma tradición de todos los pueblos, rebosan de datos que prueban lo contrario. La gran mayoría de las iglesias, ermitas, cementerios y muchas casas parroquiales son propiedad pública de los pueblos; escriturarlos a nombre de la Diócesis (del Vaticano en último término) sin conocimiento de los pueblos, es un escándalo y tiene un nombre, muy relacionado con el Séptimo Mandamiento.

Pero aunque esta escrituración le haya permitido a la Iglesia hacerse dueño de la noche a la mañana de bienes de valor incalculable, el negocio puede salirle demasiado caro. Desde que se destapó la noticia, los escándalos en los pueblos se repiten y surgirán cada vez que a un vecino se le ocurra ojear un archivo municipal. La ligereza de la Iglesia en la forma de acceder al registro ya lo hemos visto en el solar de la Chantrea, por el que las jesuitinas van a tener que devolver 725.000 euros. Los pleitos no han hecho más que empezar: en Pueyo han escriturado una casa que ya había vendido el Ayuntamiento; en Aralar, los cofrades de San Miguel exigen que se devuelva a la Cofradía la casa junto al Santuario; en Uharte Arakil que devuelvan un solar; en Uharte Pamplona la iglesia parroquial, de la que ya en 1820 el Ayuntamiento dejó más que clara su propiedad; en Tafalla el Patronato de Cultura no quiere pagar la tasa de 300 euros que piden por cada vez que se celebre un concierto; en Olite prohíben cantar a una coral canciones tradicionales navarras, mil veces cantadas hasta ahora en todas las iglesias; en Alsasua no quieren arreglar la ermita de San Juan si no se reconoce antes la propiedad municipal; en Ziriza están en litigio por la casa cural, el cementerio, iglesia, cárcel, y planta baja del edificio del Ayuntamiento; en Garisoain les han inscrito hasta el atrio, que es el único acceso al cementerio. Y si el Ayuntamiento de Tudela investigara quién construyó la iglesia de San Nicolás, quizás no la comprara por segunda vez como está haciendo estos días.

Todo esto es una consecuencia lógica: si se escritura un bien público, es para poder venderlo, alquilarlo o hipotecarlo. O para cerrar sus puertas cuando quieran. Y todo esto lo están haciendo ya.

El problema se va a agudizar: estos días todos los Ayuntamientos y Concejos de Navarra están posicionándose al respecto. Y no sólo ellos. Desde el primer momento hay muchos sacerdotes y cristianos de base que no están de acuerdo y que participan en la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. Cristo, dicen, no haría eso.

¿Y por qué lo hace Monseñor? preguntamos nosotros. ¿A cuántas demandas judiciales de los pueblos piensa enfrentarse? ¿Cuántos pueblos e instituciones se van a negar a arreglar los templos y ermitas mientras no se aclare que siguen siendo bienes públicos? Para compensar esa falta de apoyo público, ¿recurrirán a vender más templos y retablos? ¿Aumentarán las tasas de uso a los ayuntamientos? ¿Cobrarán entrada a los turistas? ¿Y qué respeto vamos a tener en los pueblos ante una Iglesia así mercantilizada? ¿Cuántos cristianos no se van a avergonzar de tanta simonía? ¿Qué gana la Iglesia con esto? De momento bienes materiales pero ninguno moral. Y puede quedarse sin lo uno y sin lo otro.

Piénselo Monseñor. La batalla será larga y los pleitos interminables, dada la tenacidad de los navarros. Son bienes imprescriptibles y siempre habrá un nuevo ayuntamiento que los reclame. Los historiadores locales aventarán las pruebas. Se publicarán libros y estudios sobre el tema; y en la memoria popular se grabará la sentencia: “Era de todos y nos lo quitaron”.

Demos a Dios lo que es Dios y al pueblo lo que es suyo. Dejen las cosas como estaban y todos saldremos ganando: que con fondos públicos se mantengan los edificios; que éstos estén abiertos a todos (como en la Baja Navarra) y que los fieles hagan en paz sus cultos. Nadie cuestiona ese uso y más le decimos: la religiosidad cobra mayor sentido insertada en la comunidad, y no en espacios privados, bajo la eterna sospecha de apropiación indebida. Piénselo.